Denuncia censura del Sodalicio en Perú

"NOS QUIEREN CALLAR"



SEMANARIO "EL SUR" DE AREQUIPA - PERÚ





Valerio Andia Carreòn

Director del Semanario "El Sur"

periodistas_aqp@hotmail.com

Arequipa-Perú

Teléfono: 054-9666655 RPM #629460



EL SODALITIUM NOS QUIERE CALLAR



30.8.7 No les agrada la existencia de una prensa libre e independiente. Les fastidia y la repudian. ¿A qué le temen los sodalicios de la Universidad San Pablo?



Esta es la lógica del Sodalitium: investigar sus actos irregulares es perseguir, el preguntar es acosar, el buscar respuestas es insultar, publicar hechos concretos es estar en contra del desarrollo de Arequipa.



Esta es la explicación:



El semanario “El Sur” en su edición Nº 41 dio a conocer una serie de actuaciones del Sodalitium en Arequipa, en donde poníamos al descubierto que al interior de la iglesia católica está operando una secta religiosa caracterizada por realizar el “lavado de cerebro” a los jóvenes que son captados apartándolos de sus familias, además de otras denuncias sobre sus conocidos “negocios de la muerte” llámese así la venta de ataúdes en la funeraria Santa María y a la venta de nichos en el cementerio Parque de la Esperanza.



Esas líneas fueron suficientes para despertar la ira de los sodalicios quienes han empezado una operación instigadora en contra de este medio de comunicación al frente de la cual se encuentra el Director de Comunicaciones y Relaciones Institucionales, un colombiano de nombre Miguel A. Jaramillo Luján. A este extraño personaje le encanta tener un periodismo de “avestruz”, que agache la cabeza, y es por ello que presiona a comunicadores arequipeños, para que difundan una realidad ficticia, sin tocar al Sodalitium.



“Los jueces son profesores de nuestra Universidad”



Los hechos son concretos. Las presiones contra este medio de comunicación van desde ofrecer: “queremos trabajar con ustedes, queremos que nos hagan trabajos de impresión para el cementerio Parque La Esperanza”, hasta “si publican más temas que ya han sido juzgados, los vamos a denunciar penalmente” o comentarios como “los jueces son profesores de nuestra universidad”.



Estas no son simples ofertas de trabajos de impresión, ni mucho menos comentarios intrascendentes sobre los jueces que tienen como profesores o simples advertencias de que si seguimos nos denunciarán penalmente, todo este conjunto de tácticas son simplemente un atentado contra la libertad de expresión que lo único que busca es cambiar nuestra línea editorial.



La paranoia se ha apoderado del colombiano asesor de comunicaciones de la Universidad San Pablo, quien se ha tomado todo el tiempo de esta semana que termina para hacer llamadas telefónicas a los auspiciadores de este semanario, ofreciéndoles jugosos contratos con la universidad y evitar de alguna manera que sigan formando parte de la nuestra cartera de auspiciadores.



Estos hechos no hacen más que evidenciar que dentro de la Universidad San Pablo y del Instituto del Sur, las cosas no andan tan bien como parecen. Jaramillo está muy preocupado y él sabe por qué. Quieren coartar nuestra la libertad de expresión y nos han obligado a los periodistas y colaboradores de este medio a atrincherarnos y defendernos ante el embate de quienes creen tener todo el poder. Aquí nuestras ideas son claras: quien calla a la prensa calla a un pueblo. En ese sentido veremos con objetividad quién quiere callarnos: los sodalicios o los jueces que a la vez son docentes de la Universidad San Pablo. Estaremos atentos.



Esta es la realidad



Nunca antes el Sodalitium, en Arequipa había sido dado a conocer tan abiertamente. Lo que estamos logrando es que la juventud arequipeña sepa quiénes son, qué hacen y qué pretenden, no sólo en nuestra sociedad sino a nivel internacional.



Las publicaciones de este semanario han obligado a los líderes de esta agrupación a contratar millonarios publirreportajes en otros medios escritos para tratar de dar a conocer una imagen de apoyo e identificación con la sociedad. Estos publirreportajes, sin ninguna duda, son claros indicadores que el Sodalicio carece de argumentos para rebatir las innumerables denuncias realizadas en su contra. Los artículos rebeldes del semanario “El Sur”, son un elemento perturbador de la falsa tranquilidad en la que viven los sodalicios al interior de la Universidad San Pablo.



A todos los gremios de periodistas y a la opinión pública:



Estas son las difíciles y riesgosas circunstancias por las que estamos atravesando en este semanario y que nos obligan a dirigirnos a todos los gremios de periodistas y a la opinión pública para ponerlos de testigos sobre estos extraños acontecimientos y lo que pueda ocurrir más adelante.











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Guadalajara: Yunque vs minifaldas

Guadalajara:
PAN-Yunque contra las minifaldas
Edgar González Ruiz

A doce años de que la prohibición de las minifaldas en Guadalajara cimbrara a la opinión publica nacional, otro funcionario de la misma alcaldía vuelve a hacer lo mismo, evidenciando que en el PAN-Yunque que gobierna Jalisco persisten las tendencias más retrogradas de la derecha.
Se trata de Luis Enrique Gómez Espejel, titular de Fomento Deportivo del ayuntamiento de Guadalajara, y conocido como miembro del Yunque desde hace más de dos décadas, cuando fue identificado así por la hoy extinta Dirección Federal de Seguridad, DFS, en documentos que se conservan en el Archivo General de la Nación (Véase QP, Año 2, No. 18, 5-11 de agosto de 2007).
A fines de junio del 95, en la misma ciudad, el director de Obras Públicas del ayuntamiento, Mario Farid Bitar Alatorre, prohibió a las empleadas de esa dependencia el uso de minifaldas y de ropa "poco digna", iniciativa que abortó ante una oleada de críticas y protestas sociales. Con el tiempo, ese funcionario, quien falleció en julio pasado, pasó a colaborar con César Coll en la Comisión Nacional del Agua.
Recientemente, se dio a conocer que el nuevo Reglamento de Imagen Personal de la dependencia a cargo de Enrique Gómez Espejel prohibiría el uso de la prenda so pena de una suspensión sin goce de sueldo. El funcionario decidió revocar esa decisión luego de la intervención de la Comisión de Derechos Humanos.
Según el abortado reglamento, de lunes a jueves ellas deberían llevar el “maquillaje discreto”; los viernes, el “peinado adecuado” es obligatorio. Ningún día de la semana se permiten la ropa de mezclilla, las minifaldas, los shorts y bermudas, las licras, blusas transparentes o arriba de la cintura, etc. A los hombres no se les permite llevar el “cabello largo”, y además se les exige que vayan rasurados o, en su caso, tener el bigote o barba “arreglados”.
Como señalaron varias instancias, entre ellas la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, esas restricciones eran de carácter discriminatorio, e incluso anticonstitucionales.
Más aún, se pretendían imponer en una oficina destinada sobre todo a deportistas, que por sus actividades usan shorts y otras prendas que la ultraderecha cerril considera “inmorales” o “inapropiadas”.
Interrogado por el periódico Público acerca de si las mencionadas prohibiciones eran discriminatorias, Gómez Espejel había dicho: “No. Yo creo que en sociedad debe haber reglas claras, tanto en las empresas como en las dependencias…” (Público, 28 de agosto de 2007). Sin embargo, cambió su opinión luego de hablar con el titular de la CEDHJ, César Orozco, quien le hizo ver que el aludido reglamento era anticonstitucional, pero cabe suponer como su principal motivación evitar el costo político que a su partido acarrearía un nuevo escándalo a raíz de las minifaldas.
En 95, en una época en que estaba en auge la sexofobia de la ultraderecha panista, en sintonía con la del Vaticano, regido entonces por Juan Pablo II, algunos funcionariso y políticos panistas intentaron en un primer momento justificar la prohibición de las minifaldas, como hizo el entonces alcalde César Coll, alegando que “No es el hecho de la minifalda en sí, sino que sean demasiado cortas o demasiado entalladas''. Sin embargo, dadas las fuertes reacciones de la opinión pública, el 4 de abril del año siguiente diría: ``Eso de las minifaldas que me achacaron es una falsedad, una mentira…es puro cuento que inventaron los medios''. Como parte de una estrategia para cambiar su imagen, en el cierre de su gestión, Coll presentó anuncios en televisión para presumir los logros de su gobierno: la conductora de los spots vestía minifalda.
Por su parte, el entonces gobernador Alberto Cárdenas tomó a broma dicha prohibición, declarando que él no la secundaría, y una actitud similar, de querer convertir en chiste un asunto concerniente a los derechos ajenos, ha adoptado el actual gobernador, el también ultraderechista Emilio González Márquez, mientras que el titular de la oficina, el yunquista Gómez Espejel optó por dar marcha atrás a la prohibición..

Minería: la derecha rapaz

JUEGOS DE PODER
DISPUTA POR RIQUEZAS MINERAS DE MÉXICO
Por Rodolfo Sánchez Mena (LD 20-08-07)

E-mail: sanchezmena@yahoo.com

Las riquezas mineras de México nuevamente se encuentran en el centro de disputa de una guerra desatada por la demanda mundial de las potencias emergentes y los intereses que las representan para apoderarse de los recursos propiedad de nuestra nación, definidos en el artículo 27 constitucional.

Desde la época de la Nueva España, la explotación de los recursos mineros, por tres cientos años contribuyó a erigir imperios en España, Inglaterra, Portugal y Holanda, al apoderarse de la producción de oro y plata mas importante del mundo. Esta hazaña de producción de riqueza y poder, nuevamente México la está repitiendo al volver a ocupar el primer lugar de producción de oro y plata del mundo.

Solo que los mineros, los mexicanos, las entidades, municipios y comunidades no están siendo beneficiados con esta riqueza producida, mediante un método de saqueo, con la complicidad del gobierno federal y los legisladores que lo permiten. Los beneficiarios son una minoría transnacionalizada, y los altos funcionarios públicos panistas corruptos.

La demanda por parte de las potencias de minerales y materias primas estratégicas de alto valor, requeridas por la industria de tecnología de punta, han sobrevaluado los inventarios y la disponibilidad de recursos sustitutos, lo que da lugar a un nuevo reparto global, entre corporaciones y potencias.

Este es el contexto en el que se ha venido librando ya por más de seis años, la confrontación entre Minera México y el sindicato minero metalúrgico de Napoleón Gómez Urrutia. Derivado del proceso de privatización de las empresas estatales mineras, realizado por Carlos Salinas de Gortari, que ha dado por resultado el saqueo de los recursos nacionales por los concesionarios como Larrea. La sobre explotación de los trabajadores, ha terminado en desgracias como la explosión de la mina de Pasta de Conchos, donde 65 mineros resultaron muertos a causa de negligencia criminal del empresario Larrea y el secretario del trabajo de Fox.

Ahora, nuevamente los mineros en huelga reclaman condiciones de seguridad, pierden a un compañero asesinado por las huestes del empresario Larrea dueño de Minera México. La complicidad y la corrupción de Felipe Calderón y del gobernador sonorense, Robinson Bours, en el enfrentamiento violento de los huelguistas contra los rompehuelgas, es evidente.

Calderón se define como un opositor de la huelga y aliado del patrón Larrea, dueño de Minera México. Calderón y Larrea se han asociado en el propósito común de destruir al sindicato minero y crear un sindicato confesional panista, reconocido por el señalado, como dueño de los dólares del chino, y miembro del equipo cerrado de campaña de Calderón, el yunquista poblano, Lozano Alarcón.

La posición de Bours es consecuente con su proyecto político de ser, aliado con Calderón, candidato empresarial del PRI a la presidencia, en competencia con el gobernador de Edomex, Peña Nieto, pero mostrando su perfil de tomador de decisiones duras que responde con violencia al que se le pare enfrente.

El presidente municipal de Cananea no elude señalar al gobernador Bours como responsable de la pérdida humana de uno de sus gobernados, pues estaba enterado que la violencia sería desatada por el sindicato fascista que pretenden crear Calderón y Bours para apoyar a Larrea en contra de Napoleón.

El secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, fiel a la frase “o copelas o cuello”, que le permitió salir del anonimato y lo convirtió en vedette del gabinete por ser creador de la frase sexenal, le aplica el “copelas” a los huelguistas, y en cambio da todo su apoyo al grupo provocador de Francisco Hernández Gámez que, al tratarse de apoderar de la sección 65, provocó la muerte del trabajador minero.

Lozano Alarcón, se estrena como panista pretendiendo desconocer la huelga bajo el supuesto de reconocer al contrato firmado por Elías Morales, un pelele creado por Fox y Larrea con el propósito de apoderarse del sindicato y las riquezas mineras de México.

La estrategia de los “empresarios”, vulgares prestanombres de las corporaciones trasnacionales afiliados a la COPARMEX, ampliamente representada en el PAN y en el gabinete de Calderón, por el secretario del trabajo, Lozano Alarcón, entre otros, es apoderarse de todos los espacios institucionales que funcionan como tribunales para dirimir los conflictos obrero-patronales. Una estrategia que les permite ganar toda demanda que presentan trabajadores ya sea contra empresarios o contra el propio gobierno.

Justo es reconocer la autonomía de los tribunales que concedieron el amparo a los mineros en huelga pues, de no ser así Larrea ya los habría despedido, gracias al trabajo de esquirol de Lozano Alarcón y los que, al ser reconocida su huelga por el amparo, han sido reinstalados. Pero no todo es gracia en tribunales, la fuerza de la ultraderecha gobernante se expresa en el reconocimiento que se pretende hacer del sindicato fascista, auspiciado por Calderón Bours, como forma de romper la huelga y quebrar la espina dorsal del sindicato que es la solidaridad.

Fundamental en este proceso es la unidad nacional y la solidaridad internacional con el sindicato minero. Destaca la acción solidaria de los trabajadores mineros de Monclova, Coahuila, al unirse al centro de la lucha minera en Cananea, junto con los metalurgistas norteamericanos. Una acción que pasará a las páginas de la historia por su trascendencia, pues impide que el movimiento de los trabajadores se fracture y se apoye desde la retaguardia, en el lugar más fuerte de la lucha.

La lucha por el rescate de las riquezas mineras de México no es ajena a la afirmación de la soberanía de los recursos energéticos en disputa por el Imperio. Como en los tiempos de la nacionalización de la industria petrolera, ahora el papel de los trabajadores petroleros les corresponde a los mineros, y sin lugar a dudas pronto tendrán resultados de una larga lucha que viene desde tiempos de la colonia, cuando en la mina de Real del Monte, Hidalgo, los nativos organizaron la primera huelga minera exitosa, en el mundo.

Más abusos de Norberto

Norberto Rivera: más política y más abusos
Edgar González Ruiz

A pocos días de que la justicia estadounidense sometiera al cardenal Rivera Carrera a un interrogatorio por su presunta complicidad en un caso de pederastia protagonizado por un cura mexicano, la justicia de México lo está requiriendo para que –ante un agente del Ministerio Público– declare sobre un multimillonario fraude que presuntamente cometió contra miles de fieles, a quienes durante años pidió “donativos” para levantar el santuario a San Juan Diego, que jamás construyó, por lo que deberá explicar qué hizo con el dinero recaudado, señala en su último número la revista Proceso.
Estas primeras diligencias judiciales son producto de una denuncia penal contra el cardenal, interpuesta en abril de 2005 por Arquitectura a la Vanguardia, S.A. de C.V., la empresa de arquitectos que diseñó el proyecto del santuario y que también fue presuntamente defraudada por Rivera Carrera.
No es la primera vez que el arzobispado se ve involucrado en asuntos de este tipo, pues fue cuestionado por sus manejos financieros y comerciales, por ejemplo con motivo de la visita de Juan Pablo II a México, en enero de 1999.
En esa ocasión, la empresa disquera BMG interpuso una demanda judicial por un presunto fraude de 5 millones de pesos que involucra a la Comisión Coordinadora de la IV Visita Pontificia y en particular a uno de sus miembros, Héctor Fernández Rousselon, quien era responsable de comunicación social del Arzobispado. BMG alegó un supuesto incumplimiento de un contrato relacionado con la distribución, venta y facturación de fonogramas con el tema titulado El Pescador, alusivo a la estancia en México de Juan Pablo II.
Ahora, vuelven a salir a la luz pretendidas maniobras fraudulentas del Arzobispado de México, en un contexto nacional e internacional donde el clero ha exigido más privilegios, como es la implantación de la educación religiosa en las escuelas públicas y del voto pasivo para los sacerdotes.
Una y otra vez, Rivera ha recurrido a sus influencias políticas en la derecha que gobierna el país, para evitar las consecuencias de sus actos. El año pasado, los abogados estadounidenses que ventilan el caso de la complicidad de Rivera con un cura pederasta fueron castigados por las autoridades migratorias de México, luego de que hablaron sobre esos hechos en una conferencia de prensa en la capital.
Hace apenas unos días, se ha anunciado públicamente la formación de un nuevo partido, abiertamente derechista y confesional, formado con personajes de la ultraderecha panista y militantes del Sinarquismo, y que tendría entre sus proyectos apoyar los proyectos clericales.
En contrapartida, ONGs al igual que algunas personas han reclamado que se castiguen los ilícitos de curas y jerarcas, voces a las que se ha sumado la del obispo emérito de Tehuantepec, Arturo Lona Reyes, uno de los pocos prelados progresistas del país, quien recientemente ha señalado que "en esto no hay como una confesión digna, abierta, 100 por ciento verificada, y pues aplicar la ley al que caiga, no solapar, porque todos nos hacemos cómplices, porque como dice el campesino, tanto peca el que mata la vaca, como el que le estira la pata, y yo no quiero ser cómplice"
Significativamente, desde el Arzobispado se ha estado criticando a los partidos existentes, incluyendo al PAN, que recibió su apoyo en las elecciones, y se ha estado pregonando la supuesta necesidad de que surjan nuevas fuerzas que “verdaderamente” luchen por los intereses clericales, como pretende hacerlo el nuevo partido, vinculado al llamado Movimiento de Participación Solidaria, MPS.

FECAL y el Plan México, de Rodolfo Sánchez Mena

FECAL FIRMARÁ PLAN MÉXICO-USA
Por Rodolfo Sánchez Mena (LD 13-08-07)

E-mail: sanchezmena@yahoo.com

Felipe Calderón y George Bush, firmarán en Canadá el 20 de agosto el Plan México, (PM-USA) no obstante que el Congreso y el gobierno norteamericano decidieron frustrar la reforma migratoria, para criminalizar a los migrantes mexicanos e impedir su libertad de transito, como la de los capitales y mercancías en el TLC, como lo hacen los socios de la Comunidad Europea.

Situación contradictoria del negociador Calderón, por ganar apoyo, cede en lo más elemental, lo que obliga al Congreso, y al Senado en particular, a una revisión profunda pues no hay acuerdo ni plan en materia de política internacional que prospere sin el reconocimiento senatorial.

La firma del Plan México, culmina las negociaciones auspiciadas por el Acuerdo de Prosperidad y Seguridad de América del Norte, ASPAN, el también llamado TLC plus, producto del S/II. Si bien el TLC es un acuerdo de seguridad, este es reforzado al agregarse el llamado perímetro de seguridad y el tema de energía, que adicionan compromisos onerosos para la soberanía y la seguridad nacional de México, al incorporar temas no negociados en el TLC.

El ASPAN fue firmado por Vicente Fox y su sucesor Felipe Calderón lo ha ratificado. Si bien, aún no se ha signado un acuerdo marco energético, en la práctica el gobierno de Calderón trabaja en esta dirección, cumple paso a paso con el abastecimiento de seguridad energética, en tanto la reforma energética que se debate en el Congreso se aprueba, ya sea para apoyar la integración energética como lo demanda Bush o mantener firmes los principios del 27 constitucional, como lo demandan los senadores encabezados por Manuel Bartlett.

El gobierno de Calderón para justificar el Plan México, ha sumado a la guerra contra el narcotráfico una intensa campaña mediática para convencer a los mexicanos de la inminencia de ataques guerrilleros que han sido calificados de narcoterroristas, y en el peor de los casos encaminados a demostrar que provienen del PRD y de la mano de López Obrador o de Venezuela, hasta antes del intercambio de Embajadores.

El aparato propagandista gubernamental ha presentado ejemplos demostración: los ductos de PEMEX o los bombazos contra el empresario Slim. También se ha editado la llamada primera rebelión del siglo, conducida por la APPO, muestra a Oaxaca a punto de la balcanización y/o laboratorio de la fusión guerrilla rural-movimiento urbano insurgente.

A esta campaña mediática gubernamental, se han incorporado organizaciones y grupos que han hecho de la industria guerrillera modus vivendi. Como intelectuales del sistema, venden su producto a un mercado gubernamental que reclama demostrar la existencia histórica de fuerzas guerrilleras rurales y urbanas, capaces de establecer alianzas estratégicas con los talibanes, la guerrillas de Colombia o con Bin Laden para emprender acciones terroristas desde México contra instalaciones estratégicas de los Estados Unidos, y confirmar los vaticinios del Washington Times de la secta Moon.

A pesar de la intensidad de la campaña para crear la amenaza narcoterrorista mexicana con la APPO, el EPR y los cientos de desprendimientos que aparecen minuto a minuto, los niveles de cordura y estabilidad político-emocional de los mexicanos, aún tienen niveles bastante aceptables, pues más de las dos terceras partes de los mexicanos de un universo encuestado, esto es el más del 70%, no creen que el EPR atacara las instalaciones de PEMEX, aunque los más ingenuos, esto es, los menos, son objeto de esta campaña insidiosa para distraer la atención de la participación de Fox y Calderón en el negocio del siglo del tráfico de metanfetaminas.

El diagnostico norteamericano para justificar el Plan México, utilizado por el poderoso Consejo de Asuntos Internacionales de los Estados Unidos que, como sabemos define la política norteamericana, da cuenta del programa de Felipe Calderón contra las drogas, narrado discretamente por los funcionarios de seguridad mexicanos para realzar las acciones del ejército, policías, la judicatura y propuestas de inteligencia y seguridad al Congreso, son ejemplo de entendimiento y colaboración, que existe entre ambos gobiernos para tener el primer programa de colaboración de más de 1, 500 millones de dólares que soltara el Congreso norteamericano para acudir en apoyo a la guerra contra el narcotráfico de Calderón .

El informe describe con datos precisos que desde México entra el 90 % de la cocaína a los Estados Unidos; nuestro país es el principal proveedor de marihuana y la producción del 99% de metanfetaminas se destina al mercado de consumidores norteamericanos.

A los asociados del Consejo se les proporciona una resumen ejecutivo de los que sería el Plan, se ampliaría la infraestructura de telecomunicaciones de México; esto es, se cubrirían con radares los controles de vuelos como en Colombia, para supervisar el espacio aéreo e impedir el tráfico de estupefacientes; la supervisión del espacio aéreo requerirá de compra de aviones de intercepción y entrenamiento de pilotos; profesionalizar a la policía de México, y proporcionar tecnologías avanzadas a las agencias mexicanas para la aplicación de la ley.

Dos aspectos deben ser evaluados del Plan México, la asistencia en materia de capacitación y las acciones encubiertas de los cuerpos de inteligencia y empresas norteamericanas que participaran. La capacitación y entrenamiento incluyen de manera destacada, tres cursos sobre derechos humanos, combate a la pobreza y democracia.

Los cursos impartidos por los cuerpos especiales norteamericanos a la formación de fuerzas contrainsurgentes del Plan México, reproducen la experiencia de la lucha contra Japón en la zona del Pacífico durante la segunda Guerra Mundial y elude el desastre de la experiencia traumática de la guerra de Viet Nam por ser la tumba del ejército norteamericano, al aplicarse la estrategia errónea.

Los cursos persiguen una estrategia dirigida a ganarse una base social amplia con la propaganda de los derechos humanos, el estar supuestamente identificados con los pobres, para convertir a las fuerzas insurgentes y terroristas en bandoleros y criminales que operan al margen de la ley, sin ninguna simpatía social.

La intervención de los servicios de inteligencia con la cobertura de empresas privadas, se dirigen a capturar a las bases sociales donde han actuado las acciones contrainsurgentes, de operaciones contra el narcotráfico y contra narcoterroristas. Normalmente, justifican su presencia para crear infraestructura de seguridad o de carácter social y comunitaria. Los intereses apuntan al apoderamiento de recursos estratégicos para las empresas trasnacionales o para otorgar seguridad a sus operaciones de saqueo.

Estos son los intereses norteamericanos tras el Plan México, pues como sabemos no tienen ningún interés en detener el trafico de estupefacientes, ni de controlar la violencia criminal, pues ellos la alientan para mantener la competencia y la calidad de los productos.

Lo interesante será ver más adelante cómo a través del Plan México, se reorganiza la producción y distribución mundial de las metanfetaminas que es la droga del siglo y el papel que tiene esta droga en el diseño de la nueva sociedad global.

Colombia: obispo paramilitar

Colombia:
Un diablo disfrazado de obispo
Edgar González Ruiz

Era “un diablo disfrazado de obispo”, un personaje “siniestro, enfermo por el poder, cosa que no podía esconder, sostienen personas que conocieron a Isaías Duarte, quien fuera prelado de Cali, donde fue asesinado por dos sicarios el 16 de marzo de 2002, y que podría ir camino a los altares si prospera el proyecto de grupos clericales y de fieles colombianos, que incluso ya le atribuyen milagros.
Por ahora, se le presenta como un “apóstol de la paz”, que supuestamente luchó contra la violencia ejercida por la guerrilla, paramilitares y narcos, lo que lo llevó a ser asesinado al salir de una boda colectiva que ofició en el templo El Buen Pastor.
El 13 de abril del mismo año, al pronunciar la homilía en la misa en honor de Duarte, el cardenal Alfonso López Trujillo, también colombiano, presidente del Consejo Pontificio para la Familia, y considerado uno de los principales papables en Latinoamérica, dijo que con él lo “ligó durante lustros una honda amistad en la común tarea pastoral”.
Enemigo del condón, del reconocimiento de derechos a los homosexuales y de dar la comunión a los divorciados, López Trujillo fue sin embargo buen amigo de narcotraficantes como Pablo Escobar Gaviria, y de cometer abusos contra sus feligreses, y hasta de contar con grupos armados o paramilitares a su servicio, según documentó el periodista Hernando Salazar Palacio en su libro La guerra secreta del cardenal López Trujillo (Temas de Hoy, Bogotá, 1996).
Monseñor Isaías Duarte Cancino nació en San Gil, Santander, el 15 de Febrero de 1939. Estudió en el Seminario de Pamplona y en Roma. Se ordenó en 1963; en 1985 fue nombrado obispo auxiliar de Bucaramanga y en 1988 fue designado primer obispo de la nueva diócesis de Apartadó, en el Urabá Antioqueño. En 95 fue designado Arzobispo de Cali.
Tanto un Hospital como una Fundación Filantrópica llevan su nombre, y su tumba, que está en la Catedral de Cali, ha sido visitada por miles de feligreses, pero hay testimonios que cuestionan esa idealización del extinto personaje.
Diego Murillo, alias “Don Berna”, un conocido exjefe paramilitar colombiano ha asegurado ante las autoridades, para obtener rebaja de penas, que el asesinado arzobispo fue uno de los seis ideólogos que desde la clandestinidad orientaba el movimiento ultraderechista denominado Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), fundado en 1997 por Carlos Castaño, quien definió como sus "objetivos militares" no sólo a los guerrilleros armados, pero también los "guerrilleros de civil", entre los que incluía a los periodistas. Castaño fue acusado de haber ordenado el asesinato, en agosto de 1999, del famoso humorista y comentarista político Jaime Garzón.
Famoso por las atrocidades y masacres que cometió en algunas regiones de Colombia, ese grupo obedeció a los intereses de los terratenientes y otros sectores acaudalados, a la vez que reivindicó siempre ideas de corte religioso y conservador (ver la página www.colombialibre.org, de las desmovilizadas AUC).
El exjefe paramilitar dijo que la relación de Duarte con las AUC comenzó en 1988 cuando fue nombrado Obispo de Apartadó, en la conflictiva región bananera de Urabá, cuyo control disputaron por años las AUC con las guerrillas izquierdistas y en la que el prelado permaneció durante siete años.
En un trabajo difundido el 20 de julio por Argenpress, Alberto Pinzón Sánchez resume en estos términos las confesiones de Don Berna: “…el confesor personal de Carlos Castaño, monseñor Isaías Duarte Cancino, muerto ajusticiado en un ajuste interno de cuentas Narco paramilitar (que instantáneamente fue achacado por los servicios de inteligencia militar a la guerrilla de las Farc); era uno de los 6 miembros de la junta directiva de los Paramilitares.”
Desde luego, esas revelaciones fueron rechazadas con indignación por la jerarquía católica y por políticos afines a ella, pero no dicen lo mismo algunas personas que lo trataron personalmente durante años.
En su artículo “El Monseñor que yo conocí”, difundido en la Web por Tiempo, de Colombia, Diego L. Arias T. exhorta a “…evitar los extremos de dar por cierta, de entrada, la versión del jefe paramilitar, pero también los desagravios o absoluciones anticipadas”.
Luego, hace la remembranza del prelado, sin escatimar elogios, pero criticando “…su omisión casi sistemática a condenar las masacres que, por la misma época y hasta su fallecimiento, ejecutaron las autodefensas en el Valle”.
“En alguna ocasión, ante un auditorio reunido en la Cámara de Comercio de Cali, monseñor la emprendió con virulencia contra la guerrilla. Y así tenía que ser. Lo molesto e inadmisible fue que un día antes los paramilitares hubieran ejecutado una de sus más crueles acciones en el centro del Valle, y de monseñor no hubiera salido un solo comentario de repudio al crimen ni a los perpetradores; tampoco de solidaridad con las víctimas. Y así fue casi siempre, la verdad.”
“En privado, le reclamaba por estas omisiones. Me escuchaba con respeto y asentía con un movimiento de cabeza como diciendo: '¡Tiene razón!'. Sus silencios en casos como estos dolían y ofendían enormemente a las víctimas y a muchos que, como yo, en muchas jornadas, lo acompañamos promoviendo la reconciliación y el perdón. Nunca descifré el motivo de sus silencios….”
“En julio de 1999 llegaron las autodefensas al Valle del Cauca, en medio de la complacencia de muchos sectores y omisiones injustificables de las autoridades. Son conocidas al menos dos reuniones en Cali de Carlos Castaño con dirigentes nacionales (Horacio Serpa y Sergio Fajardo), a las que monseñor dio acogida. Su naturaleza humanitaria no está en discusión. Pero se habla también de otras gestiones, con Castaño y otros interlocutores, y yo creo que obraron en la misma dirección”.
Asimismo, Pinzón Sánchez, en el artículo aludido, recuerda que en entrevista con la periodista Salud Hernández Mora, Carlos Castaño dijo abiertamente: '- Monseñor Isaías Duarte Cancino me invitó a Cali. En la época que a Carlos Castaño Gil lo buscaban las autoridades de todo el país. Decidí que asistiría como una de mis cinco salidas a la ciudad. Antes de viajar le dije a monseñor: Su excelencia, me manda el carro al sitio que acordemos y usted responde por mí., le recordé de manera amistosa y de la misma forma me contestó: No hay inconveniente Carlos, Usted duerme en mi casa.
Por demás severos son los juicios que hacen algunos militares y civiles que conocieron a Duarte Cancino, sea en Urabá o en Cali. De acuerdo con ellos, Duarte era “un diablo disfrazado de obispo”, que hacía temblar al general Clavijo Ardila, jefe militar y civil de Urabá, cada vez que le hablaba en persona o por teléfono. “El pretendido “apóstol de la paz” no era ningún santo, sino un personaje “siniestro, enfermo por el poder, cosa que no podía esconder”.
“Sus gestos eran crueles y su voz generaba conflicto y desconfianza a primera vista.Estaba seguro de que debía atemorizar a sus posibles rivales por el poder”.
En Urabá se señala que Duarte estableció alianzas a su conveniencia, en diferentes períodos, sea con la guerrilla, en particular con la llamada EPL, Ejército Popular de Liberación, como con los paramilitares.
“El obispo hablaba con el presidente si era necesario, en cambio el general no podía darse ese lujo. Duarte era capaz de meter la mano por los bandidos como una vez que el ejército capturó en flagrancia a un alemán que trabajaba para la guerrilla por dinero, monitoreando las comunicaciones militares y facilitándoles equipos a los delincuentes. Cuando el alemán, marino jubilado y experto en guerra electrónica estaba listo para ser enviado preso a Bogotá, Duarte se apareció en las instalaciones de la jefatura civil y militar de Urabá y convenció a Clavijo para que desistiera de detención y así se cumplió. Al alemán le devolvieron todos los equipos que se le habían decomisado y dos días después moría asesinada la fiscal de Apartadó que realizó esa captura y decomiso”.
Cuando los paramilitares expulsan a la guerrilla de esa zona, Duarte consideró, al parecer, que le convenía estar bien con los que detentaban el poder real en la zona, por lo que llegaría a hacerse más evidente su cercanía con sus católicos y anticomunistas aliados de las AUC.

Perú: denuncian al Sodalicio

El Sur de Arequipa denuncia sectarismo del Sodalitium

13 de agosto de 2007


por Roberto Valdivia; robertovaldivia@yahoo.es 13-8-2007

Con el sugerente y contundente titular de primera plana “Secta en la Iglesia Católica” el semanario El Sur de Arequipa, Perú, acaba de publicar una serie de importantes denuncias contra el Sodalicio de Vida Cristiana. La inmediata respuesta de parte de la secta totalitaria se ha manifestado de las siguientes formas -que ya son usuales para ellos-: el tiraje completo ha desaparecido de todos los quioscos de la Blanca Ciudad, se han recibido llamadas telefónicas amenazadoras e intimidatorias a la redacción del periódico y se ha ejercido presión contra los auspiciadores del semanario para que suspendan sus contratos de publicidad.

¿Qué es lo que ha desbordado las “santa iras” de esta controvertida secta que se escuda tras la iglesia católica? Salta a la vista en la primera plana la vinculación que el semanario El Sur hace de dos instituciones aparentemente pulcras y académicas como son el Instituto del Sur y la Universidad San Pablo con el grupo intolerante y violador de los derechos humanos que es el Sodalicio de Vida Cristiana. De hecho, estas entidades no solamente tienen vínculos entre sí sino que son creaciones y propiedad del Sodalitium. El desnudar esta realidad definitivamente les va a afectar significativamente la capacidad de captación de candidatos a alumnos en la recelosa sociedad arequipeña.

Pero también se publican los nombres de las empresas y negocios que esta organización posee en Arequipa, a saber: funeraria Santa María, velatorio San José, y cementerio Parque de la Esperanza… toda una estructura conformada sistemáticamente para negociar y lucrar con la muerte. Por si fuera poco, El Sur también proporciona los nombres de los empresarios mistianos que apoyan, tal vez incauta pero incondicionalmente, a esta secta lava-cerebros y finalmente se transcriben extractos de otras publicaciones relacionadas a las denuncias de torturas y vejámenes sufridos por José Enrique Escardó a manos de estos fanáticos impenitentes con cargo a ampliar las reseñas en próximas ediciones.

Podría decirse que estos temas ya han sido discutidos con anterioridad. Sin embargo la verdad es que esa discusión se ha circunscrito a un grupo privilegiado de personas y el llevarlo a una primera plana de un semanario que llega a las bases populares en Arequipa y Puno donde la secta en cuestión tiene álgidos problemas y visibles contrincantes es algo novedoso que el Sodalitium evidentemente teme enfrentar. De ahí que su inmediata respuesta fue la de hacer desaparecer la edición completa en el sur del Perú a fin de que la información no llegue al grueso de la población.

Por otro lado, algo interesante que esta vez ha salido a la luz es la publicación de una denuncia que la madre de una muchacha captada por un grupo indeterminado realizó en el Congreso de la República en la sección de formulación de pedidos bajo el número 003072 con fecha 05.04.2003 en la que ella solicita garantías para su integridad física y demanda a los congresistas investigar el tema de las sectas, legislar contra el fanatismo religioso y proteger la libertad de conciencia de los jóvenes. En el documento se menciona al Sodalitium de Luis Fernando Figari y se lo vincula extrañamente al fallecido Hubbert Lanssier tanto como a los supuestos mormones Gordon B. Hinckley y Russell M. Nelson.

El tema está nuevamente sobre la mesa. Aún hay mucho pan por rebanar. Se levanta el telón para un debate sobre el laicismo y la vigencia de un verdadero Estado Laico. El Sur le ha declarado la guerra al Sodalitium y se avizora una franca, encarnizada y pronta confrontación. Esperamos que El Sur siga brindando nueva y actualizada información y que no se deje intimidar por las clásicas actitudes matonescas, racistas, segregadoras y delincuenciales de que siempre son objeto los librepensadores que se atreven a decirles sus verdades a quienes están acostumbrados a conducirse por el fanatismo, la irracionalidad, la soberbia y la intolerancia. Al fin y al cabo los enemigos de los derechos humanos siempre actuarán así.

Tecos y militaristas

La religión de las armas
De los tecos a los milicos
Edgar González Ruiz

Hoy en día, el avance de las tecnologías de la información y comunicaciones facilita establecer vínculos internacionales, por lo que se han estrechado los lazos de la ultraderecha tapatía con grupos que en Argentina y en otros países pregonan abiertamente un catolicismo militarista.
Si bien las afinidades ideológicas entre ambos sectores siempre han existido, cobran fuerza en un mundo donde independientemente de apelaciones al fanatismo, rigen tendencias militaristas subordinadas a intereses económicos.
Creada hacia 1934 en Guadalajara, la organización de los Tecos, que incluye un núcleo secreto y controla, entre otras empresas, la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) y el periódico Ocho Columnas, se ha ubicado tradicionalmente en la extrema derecha del catolicismo, con sus tendencias preconciliares, antisemitas y ferozmente homofóbicas y con un militarismo que cobra vigencia con las guerras imperialistas promovidas por el gobierno de Bush, y la militarización de América Latina, que toma como pretexto el combate a la delincuencia.
Uno de los colaboradores internacionales de la UAG es el argentino Antonio Caponnetto, doctor en filosofía y director de la revista Cabildo, que es bastión de la ultraderecha católica y militarista en Argentina, la que añora la dictadura y odia los derechos humanos. Caponneto es profesor honoris causa por la UAG, que suele invitarlo a eventos internacionales, como el celebrado en Guadalajara del 2 al 4 de octubre de 2003.
Nacido en 1951, Caponnetto, como ha resumido la agencia Indymedia es “uno de los miembros más carismáticos del filonazismo” en ese país…..”Su currículum lo ubica entre las plumas más célebres de la literatura filonazi y es seguro orador en congresos de ultraderecha…”.
Ha colaborado con conocidos grupos del franquismo, el falangismo y similares, como la Hermandad del Valle de los Caídos, Fuerza Nueva y el Círculo de Formación San Bernardo de Claraval.
Paradójicamente, siendo un ideólogo del militarismo católico, Caponnetto ha colaborado en su país con el grupo antiabortista Provida, que enarbola la supuesta defensa de la vida para oponerse al aborto y al libre ejercicio de la sexualidad.
En 2001, la UAG reeditó el libro de Antonio Caponnetto titulado El deber cristiano de la lucha, publicado originalmente en Buenos Aires en 1992. En esa obra, exalta a “los guerreros de la Vandée”, a los del “Ejército Cristero”, a las “tropas del caudillo en la Cruzada Española”, y a “nuestros propios cuadros, que en Tucumán o en Malvinas, morían con escapularios en el pecho y rosarios en los fusiles” (p. 14).
Según Caponnetto, el cristianismo tiene una naturaleza épica, forma eufemística para referirse a la apelación a las armas; a la inversa, reivindica también que los ejércitos deben ser “servidores y defensores decididos de la Verdadera Fe”, pues lo contrario es “confinarlos a un destino de mercenarios o al de meros profesionales de la violencia” (p. 12). Afirma, por ello, que existe una “íntima armonía…entre el monje y el guerrero, entre el asceta y el cruzado, entre la espada y la cruz” (p. 16).
Asimismo, califica de “paródico y utópico” el ideal de la fraternidad universal, el amor a la Humanidad, la filantropía, la opción clasista por los pobres, y critica lo que llama “el dogma democratista y del culto a los derechos humanos” (p. 15).
En 2005, Caponnetto se contó entre los principales defensores del obispo militar Antonio Baseotto, quien desató un escándalo en la opinión pública al recomendar que el ministro de Salud, Ginés González García, fuera arrojado al mar con una piedra al cuello por ser “un abortista” y por distribuir condones a los jóvenes, por lo cual el obispo castrense quedó suspendido en funciones en todo lo que respecta al Estado nacional, pero mantuvo su puesto en la jerarquía católica, pues sólo el Vaticano puede destituir a un obispo.
El 7 de abril de 2005, Antonio Caponnetto encabezó en Buenos Aires, en el Monumento a Juan Pablo II, ubicado en la parte posterior de la Biblioteca Nacional, una protesta de la ultraderecha católica y grupos filonazis contra lo que llamaron las influencias “de las sinagogas y de los “sicarios de la guerrilla apátrida y atea” en el gobierno de ese país.
De acuerdo con una crónica difundida en la Web dos días después (www.pagina12.com.ar), “cada vez que Caponnetto hizo referencia al Gobierno y a los organismos de derechos humanos los calificó como “deicidas”, “miembros del comunismo” o “marxistas””, además de lamentar: “Qué lejos los días de San Martín y Belgrano, en los que se castigaba la blasfemia con el hierro candente.”.
El 19 de junio de 2006, en Buenos Aires, Antonio Caponnetto presentó el libro Moral cristiana y guerra antisubversiva. Enseñanzas de un capellán castrense, de Alberto I. Ezcurra, en la librería Santiago Apóstol, que es también el local del Círculo de Formación Bernardo Claraval, grupo político que reúne a falangistas, neonazis, lefebvristas, etc.
Caponnetto escribió también el estudio preliminar de ese opúsculo, donde se lee: “La guerra revolucionaria conducida por el marxismo en nuestra patria es «guerra total» (internacional y civil). Como guerra internacional constituye una injusta agresión; como guerra civil es delito de sedición.
Por lo tanto la resistencia pasiva y activa, por medios legales y por la coacción armada, hasta la total eliminación de los focos subversivos es no sólo legítima sino obligatoria. Los bienes que están en juego son todos nuestros derechos civiles y religiosos, nuestra concepción de vida, la existencia misma de nuestra patria como nación soberana”.
El presbítero Alberto Ignacio Ezcurra, capellán Militar; fue el autor de ese texto, compuesto hacia 1974 o 75, a pedido de Adolfo Tortolo “con ocasión de los sucesos guerrilleros del 70”. Tortolo era entonces Vicario General de las Fuerzas Armadas.
En suma, la misma ultraderecha que dice defender la vida, a ultranza, en el caso del aborto, es la que promueve la guerra con un espíritu supuestamente cristiano,como ilstra el caso de Caponnetto.

Panista contra el condón

Panista anacrónico:
Emilio González contra el condón
Edgar González Ruiz

El pasado 5 de agosto, el gobernador de Jalisco declaró que al estado no le corresponde promover el uso del condón, porque hacerlo equivaldría a entregar ''un six de cerveza'' y ''un vale para el motel'', y con ello pagar ''la diversión de los jóvenes'', y añadió que su administración sólo tiene obligación de repartir preservativos entre ''la comunidad homosexual'', pues ésta se halla en ''alto riesgo de poder contraer el sida''.
Las declaraciones anteriores fueron precedidas del alegado despido del titular del Consejo Estatal del Sida (Coesida), Sergio Zúñiga, quien explicó en declaraciones a radios locales que fue cesado por el secretario de Salud de Jalisco, Alfonso Gutiérrez, por haber organizado una 'Feria del condón'.
Ante el alud de críticas que despertaron los pronunciamientos del católico mandatario, quien suele usar su cargo para promover sus creencias religiosas, González Márquez tuvo que rectificar sus palabras para garantizar el suministro de condones este año a los jóvenes, pero insistió en descalificar su valor preventivo, al reivindicar la abstinencia sexual y la fidelidad y señalar que “el sida se da por la promiscuidad, no se da por no usar condones”.
Con sus recientes declaraciones contra la estrategia de prevención del sida mediante el uso del condón, el gobernador de Jalisco, Emilio González, demuestra ser un panista ignorante y anacrónico, de esos que en los años 90 se hicieron famosos por fomentar las prohibiciones moralistas y por su identificación con la exacerbada sexofobia, que fue precisamente la tónica del pontificado de Juan Pablo II.
Incluso algunos panistas cuestionaron las actitudes retardatarias y la ignorancia del gobernador. Así, el coordinador de la bancada panista del Congreso local, Jorge Salinas Osornio, consideró que la visión personal y moral no debe mezclarse con las obligaciones del gobierno en materia de salud pública. ''Se debe actuar con el menor de los prejuicios posibles; se tiene que atender (el VIH/sida) como un problema que aqueja a los ciudadanos, nos guste o no', mientras que el alcalde de Guadalajara, el también panista Alfonso Petersen Farah, recordó que el condón no solamente sirve para protegerse del VIH, sino también de otras enfermedades de transmisión sexual, y que la mayoría de los infectados de enfermedades de este tipo son heterosexuales y no deben quedar fuera de los programas de prevención.

Panistas mojigatos
Cabe recordar, por ejemplo, que en 1995, en Guadalajara, luego de que el nuevo alcalde panista César Coll escandalizó a la opinión pública del país con la prohibición de las minifaldas, el 13 de agosto agentes de la policía forestal, dependiente del municipio, invadieron las oficinas de Ser Humano, institución dedicada a la lucha contra el sida, con "la finalidad de realizar una redada, puesto que se iban a reunir homosexuales en un curso sobre sexo protegido, en el cual seguramente se iban a realizar orgías".
Ese mismo año, en Monterrey y en Aguascalientes, los munícipes panistas prohibían los espectáculos y hasta las esculturas que mostraran algo del cuerpo humano, y aunque ese tipo de personajes siempre ha tenido arraigo en el blanquiazul, muchos de ellos han cobrado conciencia de que esas actitudes sólo les acarrean el descrédito público, y el ridículo hasta en las filas de su propio partido.
Dos años después, en su campaña a la jefatura de gobierno del DF, el extinto Carlos Castillo Peraza cometió el error de arremeter contra el uso del preservativo, alegando en forma hipócrita que debería restringirse por razones “ecológicas”, para evitar que el plástico tape las cañerías.
En abril de 1997, el gobierno de Jalisco fue acusado de distribuir el libro Creciendo en el Amor, de Jesús Kramsky, donde además de estigmatizar a los ateos y fiees de otras religiones que no sean la católica y a los homosexuales, se rechazaba el uso del condón y de los métodos anticonceptivos.
A fines de mayo del 97, en Ciudad Juárez, Chihuahua, agentes de Seguridad Pública del municipio detuvieron a cuatro promotoras de la Federación Mexicana de Asociaciones de protección (Fempa), que pegaban carteles para prevenir el sida. Según el subjefe operativo de la Dirección de Seguridad Pública, Rubén Garduño, los carteles eran "ofensivos para la población". El funcionario declaró haber recibido instrucciones "muy claras" del alcalde Ramón Galindo Noriega "para que no se colocara en la calle información obscena"
En febrero de 1998, en Coahuila, los integrantes del Grupo Parlamentario Manuel Gómez Morín, del PAN, reprobaron la distribución de folletos de Conasida entre "los diferentes sectores de la población". Según los diputados panistas, esos materiales para prevención del sida deben repartirse sólo a los homosexuales o a las personas que "tienen varios compañeros sexuales", evitando a la vez "que grupos distintos .tengan libre acceso a la información contenida en el mencionado folleto".El folleto en cuestión contenía información sobre el uso adecuado del condón.
Pero con los años, las actitudes de muchos panistas ha ido cambiando, de tal suerte que en el debate sobre la despenalización del aborto en la ciudad de México, en marzo y abril del año pasado, algunos de ellos pugnaban en pancartas y en declaraciones que se debía promover el condón y los anticonceptivos en lugar de despenalizar el aborto. Es decir, es contradictorio oponerse al aborto y a la vez al uso de los métodos anticonceptivos, como el preservativo.

Papólatras trasnochados
A la fecha, ni el PAN gobierna en varios de los municipios mencionados, ni la línea del Vaticano es la misma de Juan Pablo II, pues si bien el clero sigue sustentado la prohibición total del aborto, así como una moral conservadora en el terreno sexual, asuntos como los anticonceptivos y el condón no son ostensiblemente las principales preocupaciones de Ratzinger, como lo eran de Juan Pablo II.
Pero no sólo es anacrónica la postura de Emilio González, sino incongruente y perjudicial para la sociedad tapatía. Resulta que el mentado gobernador que da dinero a manos llenas a Televisa y al Arzobispado, por sumas que hace unos meses ascendieron conjuntamente a millones de pesos, el mismo que propicia el enriquecimiento de sus parientes y amigos a costa del erario (véase Quehacer Político, número 12, del 24 al 30 de junio de 2007) se niega, por razón de sus propios prejuicios, a otorgar fondos para la prevención del sida, siendo Jalisco la quinta entidad de la República con mayor número de enfermos, que suman casi 9.600 personas, la mayoría heterosexuales, de acuerdo con las cifras oficiales del Coesida.
Para justificar su rechazo a brindar apoyo a la prevención del sida, Emilio González recurre a una argumentación burda, inspirada en la propaganda de los grupos latinoamericanos y estadounidenses de la extrema derecha, quienes afirman que “sólo” la abstinencia y no el condón protegen del sida.
Se trata de un sofisma, pues evidentemente quien nunca tiene relaciones sexuales o sólo las ha tenido con una persona en su vida, y esta nunca le ha sido infiel, seguramente no se contagiará, pero todas las personas que tengan o hayan tenido una vida sexual más activa, sí necesitan de medidas de protección, que igual que la abstinencia evitarán el contagio, de la misma manera que la higiene y no la abstinencia nos libra de enfermedades derivadas de la alimentación.
Además, el condón es un método anticonceptivo, que como tal contribuye a evitar los embarazos no deseados y por tanto los abortos, lo cual no menciona el católico gobernador de Jalisco.

Bours y Larrea contra los mineros

JUEGOS DE PODER

BOURS Y LARREA CONTRA EL SINDICATO MINERO
Por Rodolfo Sánchez Mena (LD 06-08-07)

E-mail: sanchezmena@yahoo.com



La primera huelga sindical del gobierno de Felipe Calderón ha estallado en tres estados, al enfrentarse la estructura democristiana del sindicato fascista de Sonora, impulsado por Calderón-Bours y Larrea, en contra la dirigencia de Napoleón Gómez Urrutia.

Existe la advertencia previa de que la violencia se desatará si el gobierno de Calderón desconoce la huelga del sindicato minero metalúrgico, en contra de Minera México de Jorge Larrea; toda vez que Calderón insiste en aliarse a Bours y Larrea en contra del Sindicato Minero de Gómez Urrutia, y reconoce al “sindicato” fascista de Cananea, una fuerza de choque para romper huelgas y quebrar la estructura sindical.

El secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, ya credencializado panista, ha recibido la instrucción de desconocer la huelga del sindicato minero en los estados de Sonora, Guerrero y Zacatecas, aduciendo que es valido el contrato firmado por Elías Morales, el dirigente sindical espurio, impuesto por Vicente Fox para perseguir a Napoleón Gómez Urrutia y convertir al sindicato en una organización democristiana como lo pretende aún Carlos María Abascal, desde la Secretaría adjunta del PAN.

Las células democristianas infiltradas por Abascal en la estructura sindical en Sonora, han dado lugar a la creación del mencionado sindicato fascista con recursos de Bours y de Larrea para manejar a su antojo los contratos ley.

Lozano Alarcón, alienta el choque de mineros con posibles víctimas, al inicio del gobierno de Calderón como un laboratorio temprano que permitirá evaluar la capacidad de resistencia del sindicalismo mexicano, ante el advenimiento de una nueva Ley Federal del Trabajo que prescindirá de los sindicatos pues la pretensión es contratar trabajadores libres.

No puede pasar desapercibida la campaña de desprestigio sindical por las prestaciones a los trabajadores sindicalizados con lo que se aduce se multiplica el costo de la producción y de los servicios. La campaña negra omite que las prestaciones cubren los bajísimos salarios y que las negociaciones en especie sustituyeron a los salarios para contenerlos deliberadamente bajos, como un medio de competitividad. Si se quieren eliminar las prestaciones, lo correcto es sustituirlos por salarios en efectivo. En contrapartida a la propuesta de reducir a la miseria los ingresos de los trabajadores, se insiste en la propuesta de un salario dólar, acorde a la región del TLC.

Culto a la ignorancia del góber de Jalisco

El sida se da por la promiscuidad y no por no usar condones, por lo que la única manera de frenar su avance es a través del fomento de la abstinencia y la fidelidad, externó el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez.

El mandatario señaló que la repartición de condones no ha logrado detener el crecimiento de la epidemia, por lo que es necesario promover entre la población políticas públicas basadas en la abstinencia y la fidelidad, mismas que aseguró, ya están presentes en los planes de estudio de la Secretaría de Educación Pública.

Aunque descartó que su gobierno vaya a detener la entrega de condones, e incluso anunció que para finales de año se habrá repartido un millón y medio de preservativos, González Márquez consideró necesario plantear “cuestiones adicionales que marca el libro de Ciencias Naturales de primero de secundaria, como lo son la abstinencia y la fidelidad”.

Entrevistado al término de la inauguración de las Jornadas de Capacitación e Integración del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos en Zapopan, Jalisco, el panista calificó como “muy sencilla” la tarea de entregar condones, incluso lo podríamos hacer a través de una empresa comercializadora o de entrega de mercancías y les damos el padrón para que hagan su trabajo, pero el tema central no es repartirlos, sino abatir el sida, por lo que debemos proponer cuestiones totalmente revolucionarias”.

“Cuando un gobernante habla a los jóvenes de fidelidad, se preguntan ¿de qué me hablas?, porque constantemente escuchan que la forma de vida es que todo mundo se mete con quien quiere y no pasa nada”, explicó.

Sobre el perfil de quien ocupará la secretaría técnica del Consejo Estatal de Sida a partir del próximo 15 de agosto, fecha en la que el actual titular Sergio Zúñiga Quiñones, dejará el cargo supuestamente por haber asistido a un evento a favor del uso del condón, Emilio González Márquez señaló que se busca más que un repartidor de condones.

“Buscamos a una persona con un perfil científico y técnico, pero con un gran humanismo, que pueda hablarles a los jóvenes sin miedo a que lo abucheen cuando les diga: Oye, abstente, no tengas relación sexual. Y que pueda decirles a los que ya estamos casados: Oye, sé fiel a tu pareja, porque la infidelidad es causa del sida”.

Sobre la poca efectividad de las campañas basadas en la abstinencia y la fidelidad dirigidas a jóvenes, el panista indicó que eso ocurre debido a que socialmente predomina la opinión de que la forma de vida actual “es que cada quien se relacione de la manera que quiera”.

El pasado domingo, Emilio González Márquez se pronunció a favor de repartir condones únicamente entre la comunidad homosexual porque es la más expuesta a adquirir el VIH/sida. Aseguró que dotar de preservativos al resto de la población, equivaldría a darles “un six de cervezas y un vale para el motel, y el estado no tiene por qué pagarles la diversión”.

Guerra imperialista

Más soldados de El Salvador a Iraq.
Edgar González Ruiz

El pasado 7 de agosto, el presidente salvadoreño Elías Antonio Saca, abanderó al noveno contingente militar de este país que viajará a Iraq para colaborar con las tropas de ocupación de Estados Unidos.
Dicho contingente está comandado por el coronel de artillería José Atilio Benítez, que el martes 7 de agosto recibió la bandera nacional de manos del presidente Saca, quien deseó a los soldados “Que Dios bendiga sus pasos, que Dios les brinde la fuerza y capacidad para entregar lo mejor de sí al pueblo iraquí, convencidos de que cuando les sirvamos a ellos honramos a nuestra patria y hacemos la voluntad del padre celestial”.
Sin embargo, el próximo 31 de diciembre vence el permiso otorgado por la Asamblea Legislativa para que el Gobierno mantenga tropas en Iraq, por lo que Saca tendría que pedir una prórroga si quiere seguir interviniendo en ese país.
Esta remesa de soldados salvadoreños incluye a 40 veteranos de la guerra de Iraq, como el cabo Juan Carlos Rodríguez, quien también viajó a ese país en 2003. “Gracias a Dios aquí estamos y aquí vamos de nuevo”, dijo, y señaló que en su primera misión se dedicó a las labores de adiestrar a la nueva fuerza policial y militar. “Vamos con Dios y en paz. Eso es importante porque Dios nos cuida”, dijo.
Gobernado por el ultraderechista partido ARENA, El Salvador ha participado desde 2003 en la guerra de Iraq en apoyo a EU, para lo cual se creó el Batallón Cuscatlán el 27 de junio de ese año, que a la fecha, es el único cuerpo militar latinoamericano en Iraq.
El 12 de agosto de 2003, partió su primer contingente, formado por 360 hombres, con experiencia en combate, armados con fusiles y ametralladoras ligeras y especializados en ramas como el paracaidismo y combate antiterrorista, entre otros.
Desde entonces, han muerto cinco soldados salvadoreños y una veintena más han resultado heridos. Entre los decesos se cuenta el del joven Natividad Méndez Ramos, de apenas 20 años, quien murió durante un ataque de patriotas iraquíes contra las tropas extranjeras.
El Frente Farabundo Martí, al igual que sectores pacifistas, han exigido al gobierno salvadoreño retirar sus tropas de Iraq, presencia que la derecha en el poder justifica como una labor ´”heroica”, de “reconstrucción” y de “protección a la población civil.
Paradójicamente, aunque la Iglesia Católica dice defender la vida “desde la concepción” apoya la intervención militar, al grado de enviar a capellanes para garantizar que los soldados estén dispuestos a combatir.
El primer contingente de soldados salvadoreños viajaron acompañados del “padre" Óscar Armando España, un sacerdote católico, que se ofreció como voluntario, con el apoyo de sus superiores: “Me dijeron que si yo quería ir, pues que no había problema”. Antes de salir a la guerra, el religioso explicó que a los soldados “No se les puede exigir un rendimiento físico si no andan bien moralmente”.
Los sucesivos contingentes de soldados salvadoreños que combaten en Iraq han estado acompañados de un capellán que ostenta el grado de mayor o de capitán del ejército.

¿Se irá Norberto Rivera de México?

Corrupto, enemigo del pueblo, protector de pederastas, Norberto Rivera ha dañado la imagen de la propia jerarquía ante la sociedad mexicana, por lo que llama la atención el empecinamiento de esta de mantenerlo en su cargo, sobre todo cuando el clero está en plena campaña contra el estado laico. En este artículo se plantea la versión de que Norberto, quien el día 8 de agosto tiene un careo con sus acusadores de Los Angeles, saldrá en breve del país, para hacerse cargo de alguna misión que le encomiende el Papa.


JUEGOS DE PODER

GOLONDRINAS PARA NORBERTO
Por Rodolfo Sánchez Mena (LD 06-08-07)

E-mail: sanchezmena@yahoo.com


El Papa, Benedicto XVI, pronto le conferirá una comisión al cardenal, Norberto Rivera Carrera, que lo llevará fuera del país por una buena temporada. Enterados sus allegados, se preparan a cantarle Las golondrinas con una nutrida despedida de las organizaciones laicas, mientras él cierra maletas para abandonar el país.

La decisión tomada por la Santa Sede tiene como primera intención sacarlo de la reforma política-religiosa que ha venido impulsando para otorgar a la Iglesia Católica y a los sacerdotes libertades políticas amplias y tratos privilegiados, diferentes a los del resto de los mexicanos.

El embajador del Vaticano ha venido a reforzar la contrarreforma que persigue ocupar cargos de elección popular, cargos públicos, concesión de Radio y TV, y obtener el monopolio educativo religioso en las escuelas públicas.

La propuesta de entregar el Estado a una minoría, así como entregarle

el control de la mente de las nuevas generaciones, mediante el manejo de medios y de la instrucción religiosa, es un despropósito o un interés calculado. En los países laicos avanzados tienen como objetivo la formación científica y tecnológica, así logran elevados niveles de desarrollo humano y bienestar generalizado. En nuestro caso, al manipular conciencia y conocimientos, lejos de desarrollar y sacar a las mayorías de la ignorancia y del atraso, estos se perpetuarían.

Debe hacerse notar que la educación religiosa católica la imparten órdenes religiosas como negocio, desde el nivel primario hasta el profesional; pero su interés no es formar cuadros generadores y desarrolladores de conocimiento, pues demostrado está, se enfocan a la ganancia y a formar una élite de dominación que, en el desempeño de cargos públicos, se destaca por actos de corrupción e inmoralidad descomunales, baste citar el caso de Vicente Fox y Marta Sahagún, el primero formado en la Ibero y ella en una escuela de los Legionarios de Cristo.

Existen diferentes versiones de los motivos que llevan a la Santa Sede a darle una nueva misión a Rivera Carrera, pero lo importante es que el Nuncio designado por El Vaticano, procederá al cambio del Arzobispo Primado de México.

La elección del Cardenal Ratzinger como sucesor de Juan Pablo II, significó un giro de 180 grados para la buena suerte de Rivera Carrera y del grupo de sustento político, que también ve su ocaso. Sus principales apoyos, el Superior de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, ha sido juzgado y defenestrado por pederasta; permanece en las mazmorras del Santo Oficio, por sospecha de estar involucrado en la muerte del Obispo, Guízar y Valencia, tío de Maciel y primer Santo de México.

En tanto que los asociados políticos de Rivera Carrera, Vicente Fox, Marta Sahagún y sus hijos, por su complicidad con el escándalo del negocio multimillonario del tráfico de metanfetaminas, les lleva a afirmar que están dispuestos a revelar como fueron las elecciones de Felipe Calderón utilizando esta información como chantaje para salvar su fortuna y pellejo. Todo un conflicto.

La hiperactividad política del Arzobispo Rivera Carrera, pretende ocultar su debilidad ante la proximidad de su salida, demandada por los círculos de poder con los que ha dejado de ser afín y por estar fuera del proyecto que viene. Rivera Carrera, ha perdido los estribos y se enfrenta a todo el que se le pone enfrente ante el temor de comparecer ante un tribunal de los Ángeles, California, en los Estados Unidos, acusado de protector de un pederasta.

Allá, en los Estados Unidos, un juicio contra sacerdotes pederastas dio por resultado un fallo histórico con un pago de millones de dólares. Aquí los violados ni disculpas reciben, ni un solo prelado ha sido juzgado. Los gastos de los abogados de Norberto allá, presagian una tormenta de elevados costos financieros que esperan no caiga sobre las finanzas de la Catedral de México y mucho menos que tenga que acudir a la banca vaticana para su rescate, por eso apresuran su salida y traslado.

El cardenal Rivera Carrera aspiró a ser designado como sucesor de Juan Pablo II. Norberto fue promovido por el nuncio Priggione a obispo de Tehuacán para combatir al grupo opuesto al capitalismo salvaje en el sur mexicano de Chiapas-Oaxaca. Eliminado y desplazado dicho grupo disidente, Norberto fue promovido como Arzobispo de México para reemplazar a la élite católica nacionalista.

Por ello, el Papa Juan Pablo II, designó cardenal a Norberto Rivera, a tono con la nueva elite neoliberal y teleciana. De esta manera, se liquidaba al equilibrio construido de las relaciones Estado-Iglesia, para entrar en una nueva fase de alianzas, en busca de legitimidad y sustento.

Los aliados del cardenal Rivera Carrera, provenientes del gran capital norteamericano y de la ultraderecha mexicana, solidificada por el poder del Superior de los Legionarios de Cristo Marcial Maciel, personificada en Marta Sahagún que, desde Los Pinos, cerraba el círculo protector para impulsar las ambiciones de Norberto.

Una intriga perfecta aunque fallida, a pesar de la influencia del tío de Marta, Marcial Maciel, en Juan Pablo II, quien estaba empeñado en rescatar las finanzas de la banca Vaticana, lo cual lo hacía gozar del favor del Papa y que podrían llevar al indígena tepehuano, Rivera Carrera, a ser el primer Papa latinoamericano.

Fracasada esa gran maniobra, se avizora la derrota del propósito oculto de la reforma política-religiosa, como lo es volver a crear el Partido Católico de México, PCM, que compartía el poder con el dictador Porfirio Díaz y que fue disuelto al triunfo de la Revolución Mexicana.

Terrorismos

Roberto Cortez Zárate

Para mi padre, donde quiera que esté.

Las últimas semanas, meses quizá, han estado marcados por las acciones del Partido Democrático Popular Revolucionario – Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR) quien ha ganado espacios perdidos en la agenda nacional. El detonante del nuevo accionar del grupo guerrillero -que por cierto no desarrollaba acciones desde hacía un buen rato- fue la desaparición de dos de sus milicianos: Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, la noche del 25 de mayo pasado en un hotel de la ciudad de Oaxaca

El argumento del PDPR-EPR para comenzar con una serie de acciones de hostigamiento es que el gobierno del Felipe Calderón ha iniciado una nueva guerra sucia contra las organizaciones sociales. Los desalojos violentos que vimos en Oaxaca, Sicrtsa y San Salvador Atenco por parte de los tres niveles policiacos es la línea argumentativa que hace que la reacción de la guerrilla vaya en un sentido semejante a la gubernamental.

El alto contraste lo da el cuestionamiento de la violencia legítima del Estado, garantizada por la conformación de un ejército y una policía nacionales, por parte de grupos delincuenciales dedicados al tráfico de estupefacientes. La respuesta por parte del gobierno de Felipe Calderón ha sido etiquetar como “terrorismo” cualquier tipo de violencia no ejercida por las instituciones, en una suerte de discurso de derecha utilizado primero por el gobierno de Estados Unidos.

Tras los ataques terroristas perpetrados el 11 de septiembre de 2001 en ese país, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó unánimemente la resolución 1373 (2001) que, entre sus disposiciones, obliga a todos los Estados a tipificar como delito la prestación de asistencia para actividades terroristas, denegar refugio y apoyo financiero a los terroristas y compartir información sobre los grupos que planeen ataques terroristas.

Sin embargo, no hay una definición contundente respecto de lo que significan actos terroristas, particularmente si tomamos en cuenta que los grupos extremistas tienen una formación religiosa diferente a la conocida en los países de occidente. Independientemente de las circunstancias en Irak, por ejemplo, hay que tomar en cuenta que ese país fue invadido y sufre una guerra civil.

Otros ejemplos son el grupo nacionalista ETA (Euskadi Ta Askatasuna, que en lengua vasca significa Patria Vasca y Libertad) o el Ejército Revolucionario Irlandés (ERI), cuyas luchas históricas se han caracterizado por buscar la autonomía política, en el primer caso, y el respeto a su religión, en el segundo. De ahí que hacer una simplificación para tildar de “terrorismo” a cualquier grupo social o político es peligroso.

En diversas ocasiones se ha acusado a grupos político – militares de estar vinculados con el narcotráfico, un caso concreto son las Fuerzas Armadas de Colombia –Ejército del Pueblo (FARC-EP) a las que se acusa de controlar el mercado de cocaína en aquel país y de depender en 80 por ciento de esos recursos para su accionar. Empero, las FARC no han podido instaurar un régimen socialista en aquel país y el gobierno de derecha está encabezado por Álvaro Uribe.

El caso mexicano es más dramático: en las zonas donde opera la guerrilla mexicana en las sierras de Oaxaca, Guerrero y Chiapas hay una coexistencia con el narcotráfico donde ambos grupos se ven pero no se tocan. De hecho, si se pudiera hacer evidente la conexión entre ambos grupos, las acciones recientes del EPR habían sido de mayor contundencia.

En lo ideológico existe además una diferencia significativa: mientras los traficantes de drogas son la expresión más acabada del capitalismo salvaje , pues su lucha es por mercados y territorios para la producción y comercialización de sus productos; los grupos guerrilleros aún atienden a ideales fincados en el socialismo, el cambio a un sistema que ellos consideran mejor y a un camino específico para lograrlo.

Es importante señalar en este caso que las acciones del EPR no han provocado ninguna víctima mortal y lo el grupo insurgente ha subrayado a través de sus mensajes políticos. Las acciones del narcotráfico habían provocado al menos un millar de muertes hacia la primera mitad del año.

Ante esta circunstancia respaldar el discurso del “terrorismo” para etiquetar a todo lo que resulta molesto al gobierno de Calderón es un riesgo para acallar cualquier voz disidente.

Emilio González contra el condón

El estado no tiene que pagarles ''la diversión'', dice

Se opone Emilio González a dar condones a los jóvenes
El problema del VIH/sida, focalizado entre homosexuales

JUAN CARLOS G. PARTIDA


Guadalajara, Jal, 5 de agosto. Al estado no le corresponde promover el uso del condón, porque hacerlo equivaldría a entregar ''un six de cerveza'' y ''un vale para el motel'', y con ello pagar ''la diversión de los jóvenes'', dijo el gobernador Emilio González Márquez. Añadió que su administración sólo tiene obligación de repartir preservativos entre ''la comunidad homosexual'', pues ésta se halla en ''alto riesgo de poder contraer el sida''.

Además, el mandatario se deslindó por segunda ocasión de la salida del titular del Consejo Estatal para la Prevención del Sida (Coesida), Sergio Zúñiga Quiñones -quien dejará el organismo el día 15-, porque ''no tengo información'' y, por lo tanto, ''no podría opinar''.

González Márquez reconoció que el uso del condón es una alternativa para protegerse contra el contagio del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), pero aseguró que el problema está focalizado entre homosexuales, por lo que sólo en ese sector se deberían repartir preservativos, como una obligación oficial complementada con campañas informativas.

Zúñiga Quiñones anunció que dejará el Coesida, luego que el secretario de Salud estatal, Alfonso Gutiérrez Carranza, le pidió su renuncia. El despido se dio en el contexto de la Feria del Condón, lo que, de acuerdo con fuentes del propio Coesida, molestó a Gutiérrez Carranza.

El titular de Salud se deslindó de la salida de Zúñiga Quiñones y dijo que no compartía la decisión del funcionario, a quien calificó de ''buen elemento''; dijo que corresponderá al gobernador aceptar o rechazar la ''renuncia'', pero este domingo González Márquez devolvió a Alfonso Gutiérrez esa responsabilidad.

Entretanto, el gobernador expresó su opinión sobre el reparto de preservativos y la realización de la Feria del Condón.

''Entre la comunidad homosexual sí hay que seguir apoyando; entre los jóvenes, en general, yo creo que no le corresponde al Estado repartir condones. Si alguien quiere, y déjame llevarlo a un grado chusco: ¿por qué nada más condones? Vamos repartiendo un six de cerveza y vamos dando vales para el motel, de modo que el gobierno pague la diversión de los jóvenes.

''Oye, no. No le toca al gobierno pagar las cervezas ni el motel. Bueno, creo que tampoco le toca repartir condones en la comunidad en general. En la comunidad homosexual sí, porque está considerada en alto riesgo de contraer el sida. Entonces ahí sí le toca al gobierno hacer conciencia y aportar los condones'', afirmó.

Agregó que su administración no se opone a la realización de la Feria del Condón, y revisará las aseveraciones de que el Coesida ha trabajado prácticamente sin presupuesto durante los recientes ocho meses. Pero evitó comprometerse a que la Secretaría de Salud mantendrá el patrocinio a la feria, donde, además de información y conferencias, se entregaban condones a quien los solicitara.

''No, no, no lo sé. No lo sé siquiera, o sea, no es algo a lo que nosotros nos opongamos. Lo que sí queda claro es que el alto riesgo se centra en la comunidad homosexual, y a ellos hay que estarlos apoyando'', insistió.

Respecto a las política

Espionaje derechista

INTELIGENCIA DE DERECHA

Por Rodolfo Sánchez Mena (LD 30-07-07)

E-mail: sanchezmena@yahoo.com

Las grandes potencias y las emergentes cuentan con ejércitos y servicios de inteligencia para garantizar el alcance y seguridad estratégica de sus objetivos globales. Las corporaciones trasnacionales, sustentadas en el poder de las potencias, también han creado sus propios sistemas de inteligencia y de seguridad y no solo eso, también han creado corporaciones de inteligencia para asegurar su dominio en áreas geopolíticas estratégicas de defensa, armas de alta tecnología, inversión energética, minera, alimentos, conocimiento e información.

El otro compromiso de inteligencia de derecha en marcha de Calderón es el Plan México. Se siguen los pasos al fracasado programa militar de asistencia norteamericano denominado Plan Colombia, cuyo propósito allá es avanzar en el dominio de los enormes recursos potenciales estratégicos de petróleo, mineros, metales y piedras preciosas, café, y recursos acuíferos en abundancia, así como la producción del oro verde; el café.

El Plan México de Calderón es una guerra especial contra el narcoterrorismo, contemplado ya como la Fase II del Plan Irán-Contras. Su objetivo no explícito es crear un arco de contención a la revolución bolivariana chavista, y crear una frontera segura desde el Río Bravo hasta los límites de Colombia con Venezuela, para ampliar la zona libre de comercio americana.

El presidente Reagan, ante las limitaciones del Congreso a las operaciones desestabilizadoras de la CIA, desató un operativo clandestino, el Irán-Contras operado por boinas verdes, armas por droga, que servía de telón de fondo para cerrar la era de la guerra fría. Los participantes en el operativo fueron enjuiciados y condenados por desacato al Congreso; el caso más sonado pero no el más importante como el del Almirante Poindexter, fue el del teniente, Oliver North, los que finalmente fueron exonerados. North, es locutor y sus proclamas racistas y supremacistas son difundidas por la cadena Fox.

La de Irán-Contras fue una guerra especial en Centro América, contra las fuerzas insurgentes del Frente Farabundo Martí en El Salvador y el financiamiento a la contra nicaragüense, un grupo de mercenarios para sabotear y detener la influencia de la revolución sandinista en Nicaragua. El reconocimiento a las fuerzas combativas del Frente Farabundo por la iniciativa mexicana de López Portillo conocida, como Plan Contadora y que se dio con el apoyo del gobierno de Canadá y Francia, se enfrento a la contrarrevolución reaganiana, por lo que López Portillo se ganó de la derecha norteamericana y sus aliados mexicanos el ser denostado y ser impuesto el candidato Miguel de la Madrid ante las amenazas de agredir y desestabilizar el país.

El Irán-Contras II ya se encuentra en marcha con acciones encubiertas de inteligencia asociados a las fuerzas especiales norteamericanas. Ellos dirigen a las nuevas fuerzas emergentes de la contrarrevolución centroamericana, como los Maras Salvatruchas un ejército movilizado por la región en contra de los migrantes, al servicio del narcotráfico regional y como fuerza de seguridad terrorista.

Desde el gobierno de Miguel de la Madrid se inició el proceso de desmantelamiento del aparato mexicano de inteligencia que daba sustento a un proyecto político de economía nacional. Y se sustituyó la inteligencia por la maquila y los contratos de servicios de seguridad en las empresas estatales que subsistieron a la privatización en CFE y PEMEX. Cobró fama el contrato en dólares, otorgado a una empresa creada por los servicios de inteligencia de Israel El Mossad, que tenía sus oficinas en Nueva York y desde allá cobraba por la seguridad de PEMEX.

El punto de partida de la inteligencia de derecha, es cumplir los compromisos heredados por Vicente Fox, en el Acuerdo de Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) el que impone a México responsabilidades adicionales al TLC y que no han sido analizados y discutidos en el Congreso mexicano, cuando todavía aún se debate el cancelar los acuerdos agropecuarios por ser lesivos a la seguridad nacional mexicana.

El secretario de Gobernación de Fox, Carlos Abascal, firmó los acuerdos de seguridad con el gobierno de Estados Unidos; acuerdos de seguridad definidos por el ASPAN y que comprometen a México a la creación del ya famoso perímetro de seguridad norteamericana contra el terrorismo. Los Acuerdos de seguridad del ASPAN que la prensa ha informado que han sido ratificados por el español nacionalizado mexicano Camilo Mouriño. Con el debate sobre quién dio la nacionalización al chino sería oportuno saber los méritos y quién se la otorgó a Mouriño, antes que surjan los problemas que vendrán.

Dinero para el clero

México:
Dinero para el clero



Por Laura Campos Jiménez *


Apenas a un mes de que la Jerarquía católica mexicana “destapó” sus cartas sobre el modelo de país que ella quiere, vale la pena hacer un recuento de estas declaraciones. Como han informado los medios de comunicación (Ver La Jornada, 9 de julio de 2007, .3), algunas de las reivindicaciones de la jerarquía católica mexicana son las siguientes:

a) Borrar todo concepto de laicidad de la Constitución Política, al pretender que la educación que imparta el Estado deje de ser laica.
b) Proponer que el Estado provea educación religiosa en las escuelas públicas.
c) Permitir la injerencia del clero en asuntos políticos, incluyendo el que los sacerdotes católicos puedan ser votados.
d) Poseer y controlar directamente medios de comunicación electrónicos
e) Oficializar la injerencia del clero en el ejército, mediante el reconocimiento de las llamadas capellanías militares, entre otros puntos.

Las anteriores peticiones, forman parte de la actual estrategia que la jerarquía católica ha arropado y por medio de la cual busca reivindicar los privilegios y canonjías que retuvo -sin contrapeso alguno-, hasta antes de la promulgación de las leyes de Reforma en el siglo XIX, proceso histórico que dio como resultado la separación entre el Estado y las Iglesias (base del Estado laico).

La jerarquía católica y sus aliados –el cardenal Norberto Rivera, la Conferencia del Episcopado Mexicano y el “Colegio de abogados católicos”–, pretenden eliminar el carácter laico del Estado, proponiendo, entre otras cosas, que el gobierno federal financie e impulse los proyectos clericales antes señalados. Entre las exigencias que la jerarquía católica presenta, destaca la siguiente: “Que el gobierno destine a la Iglesia una parte de la recaudación fiscal para su financiamiento […] Que un porcentaje de los impuestos que recauda el Estado se destinen a las arcas de la Iglesia” (Cf. Proceso, 15 de julio de 2007).

Armando Martínez, presidente de “el colegio de abogados católicos”, señaló que “sería una pequeña proporción de los impuestos que se pagan al fisco los que irían a las arcas de la Iglesia católica” (Proceso, 15 de julio de 2007). Con estas declaraciones, la jerarquía católica tiene como objetivo, dentro de su agenda política, el percibir para sus arcas una especie de “diezmo” con la intermediación del Estado. Pretende, en la práctica, que todos los mexicanos (católicos y no católicos), destinemos, como contribuyentes, una parte de nuestros impuestos para solventar las actividades materiales de la Iglesia católica como institución, sin excluir el debido pago de honorarios a sus ministros y a la burocracia eclesiástica adyacente.

Pena ajena, por decir lo menos, provocan estos despropósitos. El escenario que plantea la jerarquía católica, no sólo es inconcebible e impensable en una sociedad democrática, plural y secularizada como la nuestra, sino que, a través de una campaña de desinformación y confrontación abierta con el Estado, se apuesta a la desmemoria histórica. En palabras llanas, la Iglesia católica institucional busca la restauración del diezmo eclesiástico “obligatorio” (por la vía de la recaudación fiscal), para enriquecer aún más su estructura eclesiástica y tener más poder e influencia política en nuestro país.

Cabe recordar, haciendo un necesario recuento histórico, que el pago forzoso del diezmo a la Iglesia católica institucional, fue derogado de forma definitiva (en su obligatoriedad civil), gracias a las Leyes de Reforma, suceso acontecido en nuestro país durante la segunda mitad del siglo XIX.

A través de la historia universal, por otra parte, podemos encontrar que el pago del diezmo a la jerarquía eclesiástica, floreció durante la Edad Media, ya que éste constituía la más importante fuente de ingresos para la Iglesia católica. El diezmo, en efecto, ocupaba el primer puesto en las rentas eclesiásticas.

El diezmo no sólo se recaudaba de los productos agrícolas, sino de toda la clase de productos que podían ser objeto de diezmos: los cereales, el vino, el heno, las crías de ganados, etcétera. En el siglo IX, los concilios católicos extendieron el diezmo a toda clase de rentas, sin reducirlo a los productos agrícolas. Los fieles católicos, amenazados por el arma de la excomunión, entregaban sus diezmos a los santuarios y a los clérigos. Todo mundo estaba obligado a pagar puntualmente el diezmo, dando la décima parte de sus frutos y sus ganados. La Iglesia católica, por su parte, se encargaba de cobrar el diezmo a través del Estado, quien hacía las veces de “brazo secular” al moroso que dejaba de pagarlo.

El papa Inocencio III, en el año 1215 (durante el Concilio de Letrán), determina obligatorio el pago del diezmo en todas las diócesis católicas. El Concilio de Trento (sesión 25, Capítulo XII), por su parte, amplió el anterior decreto: “Todo el que deja de pagar el diezmo, los que lo impidan o lo sustraigan, cometen pecado mortal, incurren en excomunión de la que no pueden ser absueltos si no satisfacen o dan grandes garantías de ello, quedando privados de sepultura eclesiástica” (cf. Enrique Denzinger, El Magisterio de la Iglesia, Ed. Herder, 1963).

Si se agrega a esta forma de “recaudación financiera”, la venta de indulgencias, el pago de sacramentos, la comercialización de reliquias (aunque la mayor parte fueran apócrifas), los decomisos de bienes y patrimonios familiares por parte de la inquisición a los infelices que eran delatados y sentenciados por el “delito” de “herejía” o por ser “judaizantes” (donde se admitía el rumor y la calumnia como “elemento de prueba”), se puede documentar que en siglos de historia, la ambición de la Iglesia católica por acumular riquezas, no tuvo límites y fue por demás insaciable.

En México, el clero secular, los obispos y canónigos vivían principalmente de los diezmos y las primicias. El clero acabó por absorber casi toda la propiedad de la Nueva España, arruinando la agricultura, la industria y el comercio; la pesada contribución del diezmo, como señalaba Abad y Queipo, “no dejaba respirar al labrador”. La Iglesia católica impuso los “diezmos parroquiales” -como lo demostró el liberal mexicano Melchor Ocampo-, “para esclavizar por deudas impagables a los campesinos”. Hay que recordar que la Iglesia católica en México tenía en sus juzgados de capellanías un banco hipotecario, que prestaba a terratenientes, tanto urbanos como rústicos, al 5 y 6% de interés anual bajo hipoteca.

En este contexto, a finales del siglo XVIII, la Iglesia católica era propietaria de la mitad de los bienes raíces y tierras del país y tenía hipotecados muchos otros más, y tenía fama de explotar a sus trabajadores. Para esta época, la legislación eclesiástica establecía el cobro forzoso del diezmo, los legados testamentarios, los bienes de capellanías, cofradías, obras pías y dotes monásticas, entre otros conceptos más, que hacían de la Iglesia católica el principal propietario de la Nueva España.

Francisco Martín Moreno, en su libro “México ante Dios”, destaca que “la jerarquía eclesiástica acaparó la riqueza durante más de tres siglos […] Impidió la alfabetización de las masas y concentró la educación en los privilegiados […] Detentaba más del cincuenta por ciento de la propiedad inmobiliaria del país y tenía bancos, hipotecarias, policía secreta y cárceles clandestinas. Gozaba de exenciones fiscales, cobraba diezmos apoyándose en la fuerza pública y financió guerras, como la de Reforma, invitando a los feligreses a matar con indulgencia plenaria” (Cf. Francisco Martin Moreno, México ante Dios, Ed. Alfaguara, 2006).

El pago forzoso del diezmo, finalmente, fue abolido a partir de las Leyes de Reforma y erradicado definitivamente de nuestro país, a raíz de la separación del Estado y las Iglesias, impulsada por el presidente Benito Juárez, quien vino a sentar las bases del Estado laico en México (cf. Robert J. Knowlton, Los bienes del clero y la Reforma mexicana, 1856-1910, FCE, 1995).

La añoranza de la jerarquía católica actual por sus antiguos privilegios, como ya hemos leído, la ha llevado a buscar la “restauración del diezmo”, en primera instancia, al interior de su estructura diocesana desde hace algunas décadas. Un ejemplo de lo anterior, es el hecho de que el cardenal Norberto Rivera Carrera, titular de la arquidiócesis primada de México, ha sido un impulsor acérrimo del pago forzoso del diezmo diocesano. Norberto Rivera, en diciembre de 1996, estableció un decreto eclesial, con carácter de obligatorio, donde fijó lo siguiente: “A partir del 1 de enero de 1997, todas las parroquias, capillas y rectorías del Distrito Federal (que suman más de mil), deberán entregar el 10% de sus ingresos brutos mensuales a la arquidiócesis de México” (Reforma, 16 de diciembre de 1996).
En este decreto, publicado en la Gaceta Oficial del Arzobispado, Norberto Rivera señaló que “la medida es obligatoria y que no estarán exentas de ella las parroquias que estén en construcción o tengan gastos determinados causados por sus necesidades pastorales” (Ídem). El decreto del 10 por ciento, señala, “no hace distingo entre las parroquias de escasos y altos recursos, como las de la periferia del Distrito Federal, en Iztapalapa, o las iglesias de las Lomas y Polanco”. Por su parte, Héctor Fernández Rousselón, entonces director de Comunicación Social del Arzobispado, advirtió que el prelado “no daría información a la prensa sobre los ingresos y egresos de la Arquidiócesis”, situación que se ha cumplido al pie de la letra hasta el día de hoy. Por su lado, el padre Enrique García, ecónomo de la Arquidiócesis de México, amenazó “que los sacerdotes que no proporcionen diezmos podrían ser destituidos de sus cargos eclesiásticos” (Ídem).
Este decreto se dictó, cabe mencionarlo, a menos de un año de que el abad de la Basílica de Guadalupe, Guillermo Schulenburg, fuera acusado por personajes y medios cercanos a Rivera de no ser creyente en las apariciones de la virgen de Guadalupe. Norberto Rivera se presentó entonces ante la opinión pública como el gran “defensor” de las apariciones de la virgen y de Juan Diego. A la postre, Schulemburg dejó el cargo mientras que la Basílica, con sus millonarios recursos, pasó a depender de Rivera.
En el caso particular de la arquidiócesis de Guadalajara, el diezmo es una exigencia imponderable: De lo recolectado por concepto de donativos, limosnas, aranceles, etcétera, se deposita el diezmo en las arcas del arzobispado. El II Sínodo Diocesano así lo exige: “El sacerdote debe rendir su informe a la oficina de asuntos económicos del arzobispado en los primeros diez días de cada mes […] Es obligatorio que todas las parroquias y cuasi parroquias aporten el 10% de los ingresos ordinarios al fondo común diocesano […] Aportación puntual del 10% de los ingresos ordinarios de las parroquias” (Cf. II Sínodo Diocesano Arquidiócesis de Guadalajara, parágrafos 188 y 189).

A semejantes disposiciones, y aún más enérgicas, llegó el arzobispo de Yucatán, Emilio Berlié Belaunzarán, quien el 5 de agosto de 1997 creó oficialmente el “Consejo Arquidiocesano para la Promotoría del Diezmo”, con el propósito de que una serie de “visitantes” pasaran de casa en casa para promocionar el pago del diezmo e incluso cobrarlo (Siglo 21, 5 de agosto de 1996, p. 12).

En términos generales, esta “captación de diezmos” opera en las 18 arquidiócesis y 65 diócesis católicas en nuestro país. No hablamos aquí del porcentaje de dinero que se envía al Vaticano (en dólares), por parte de todas las diócesis del país, porque sería abundar en otro tema.

Surge aquí, por su lado, una pregunta que resulta ineludible ¿A quiénes rinden cuentas las diócesis católicas en México de las millonarias cantidades de dinero que ingresan a sus arcas por diferentes conceptos? ¿Cuándo se han rendido informes financieros a la feligresía? La población católica practicante (conformada por el 7.2 %, según recientes estudios), desconoce cuál es el estado de las finanzas eclesiásticas, qué se hace con ellas y a quien benefician en realidad. Los creyentes ignoran cuánto se reúne y a donde va a parar todo el dinero recaudado por la Iglesia. No hay transparencia en el uso de recursos, señalan.

Se tiene que llegar a situaciones dolorosas para conocer, aunque sea de una manera críptica, los movimientos financieros de la Iglesia católica en algunas diócesis del mundo. Por ejemplo, se sabe ahora que en EE UU, en los últimos años, la Iglesia católica ha pagado cerca de 1, 200 millones de dólares por concepto de indemnización a víctimas de abuso sexual por parte de sacerdotes católicos y que el dinero ha salido de sus copiosas arcas.

Se sabe también, por testimonios de diversos religiosos, de la existencia de ingresos de dudosa procedencia a las arcas de la Iglesia católica, tal como lo señaló en su momento el padre Raúl Soto, canónigo de la Basílica de Guadalupe, al referir “que más mexicanos deberían seguir el ejemplo de los narcotraficantes Rafael Caro Quintero y Amado Carrillo, que entregaron varias donaciones millonarias a la Iglesia” (La Jornada, 20 de septiembre de 2007). Por su lado, el extinto obispo de Aguascalientes, monseñor Ramón Godínez, admitió que a la Iglesia católica llegan limosnas del narcotráfico, pero que se purifican al entrar a ella: "Donde quiera se dan (limosnas del narco), en Aguascalientes y en Tepezalá, pero no nos toca a nosotros investigar el origen del dinero", (Reforma, 20 de septiembre, de 2005). Dijo, en una conferencia de prensa, tener conocimiento de dinero que ha ingresado a la Iglesia católica y que es producto del tráfico de drogas: "He conocido de casos, pero se han purificado", remató (Ídem).
Es por todo lo anterior, que la sociedad mexicana no sólo ve con desconfianza la propuesta de la jerarquía católica respecto de la “restauración del diezmo”, sino que se pronuncia por un rechazo absoluto, porque que infiere que del dinero de sus impuestos, habría partidas para gastos imprevistos, entre los cuales estarían las indemnizaciones para víctimas de abuso sexual de sacerdotes y el pago de abogados para apoyar jurídicamente a sacerdotes pederastas. El dinero destinado a la asistencia social de los mexicanos, no debe ser desviado para los anteriores conceptos. De ahí la intransigencia clerical, en su fanática embestida en contra del Estado laico, y la pugna por regresar a un modelo confesional ya superado, por fortuna, en nuestro pais.

Ante este panorama, es importante, hoy más que nunca, el enorme valor político de preservar el Estado laico en México.


Laura Campos Jiménez es historiadora por la Universidad de Guadalajara y autora del libro Los Nuevos Beatos Cristeros. Crónica de una Guerra Santa en México.

camposjimenez@gmail.com

Dinero para el clero

México:
Dinero para el clero



Por Laura Campos Jiménez *


Apenas a un mes de que la Jerarquía católica mexicana “destapó” sus cartas sobre el modelo de país que ella quiere, vale la pena hacer un recuento de estas declaraciones. Como han informado los medios de comunicación (Ver La Jornada, 9 de julio de 2007, .3), algunas de las reivindicaciones de la jerarquía católica mexicana son las siguientes:

a) Borrar todo concepto de laicidad de la Constitución Política, al pretender que la educación que imparta el Estado deje de ser laica.
b) Proponer que el Estado provea educación religiosa en las escuelas públicas.
c) Permitir la injerencia del clero en asuntos políticos, incluyendo el que los sacerdotes católicos puedan ser votados.
d) Poseer y controlar directamente medios de comunicación electrónicos
e) Oficializar la injerencia del clero en el ejército, mediante el reconocimiento de las llamadas capellanías militares, entre otros puntos.

Las anteriores peticiones, forman parte de la actual estrategia que la jerarquía católica ha arropado y por medio de la cual busca reivindicar los privilegios y canonjías que retuvo -sin contrapeso alguno-, hasta antes de la promulgación de las leyes de Reforma en el siglo XIX, proceso histórico que dio como resultado la separación entre el Estado y las Iglesias (base del Estado laico).

La jerarquía católica y sus aliados –el cardenal Norberto Rivera, la Conferencia del Episcopado Mexicano y el “Colegio de abogados católicos”–, pretenden eliminar el carácter laico del Estado, proponiendo, entre otras cosas, que el gobierno federal financie e impulse los proyectos clericales antes señalados. Entre las exigencias que la jerarquía católica presenta, destaca la siguiente: “Que el gobierno destine a la Iglesia una parte de la recaudación fiscal para su financiamiento […] Que un porcentaje de los impuestos que recauda el Estado se destinen a las arcas de la Iglesia” (Cf. Proceso, 15 de julio de 2007).

Armando Martínez, presidente de “el colegio de abogados católicos”, señaló que “sería una pequeña proporción de los impuestos que se pagan al fisco los que irían a las arcas de la Iglesia católica” (Proceso, 15 de julio de 2007). Con estas declaraciones, la jerarquía católica tiene como objetivo, dentro de su agenda política, el percibir para sus arcas una especie de “diezmo” con la intermediación del Estado. Pretende, en la práctica, que todos los mexicanos (católicos y no católicos), destinemos, como contribuyentes, una parte de nuestros impuestos para solventar las actividades materiales de la Iglesia católica como institución, sin excluir el debido pago de honorarios a sus ministros y a la burocracia eclesiástica adyacente.

Pena ajena, por decir lo menos, provocan estos despropósitos. El escenario que plantea la jerarquía católica, no sólo es inconcebible e impensable en una sociedad democrática, plural y secularizada como la nuestra, sino que, a través de una campaña de desinformación y confrontación abierta con el Estado, se apuesta a la desmemoria histórica. En palabras llanas, la Iglesia católica institucional busca la restauración del diezmo eclesiástico “obligatorio” (por la vía de la recaudación fiscal), para enriquecer aún más su estructura eclesiástica y tener más poder e influencia política en nuestro país.

Cabe recordar, haciendo un necesario recuento histórico, que el pago forzoso del diezmo a la Iglesia católica institucional, fue derogado de forma definitiva (en su obligatoriedad civil), gracias a las Leyes de Reforma, suceso acontecido en nuestro país durante la segunda mitad del siglo XIX.

A través de la historia universal, por otra parte, podemos encontrar que el pago del diezmo a la jerarquía eclesiástica, floreció durante la Edad Media, ya que éste constituía la más importante fuente de ingresos para la Iglesia católica. El diezmo, en efecto, ocupaba el primer puesto en las rentas eclesiásticas.

El diezmo no sólo se recaudaba de los productos agrícolas, sino de toda la clase de productos que podían ser objeto de diezmos: los cereales, el vino, el heno, las crías de ganados, etcétera. En el siglo IX, los concilios católicos extendieron el diezmo a toda clase de rentas, sin reducirlo a los productos agrícolas. Los fieles católicos, amenazados por el arma de la excomunión, entregaban sus diezmos a los santuarios y a los clérigos. Todo mundo estaba obligado a pagar puntualmente el diezmo, dando la décima parte de sus frutos y sus ganados. La Iglesia católica, por su parte, se encargaba de cobrar el diezmo a través del Estado, quien hacía las veces de “brazo secular” al moroso que dejaba de pagarlo.

El papa Inocencio III, en el año 1215 (durante el Concilio de Letrán), determina obligatorio el pago del diezmo en todas las diócesis católicas. El Concilio de Trento (sesión 25, Capítulo XII), por su parte, amplió el anterior decreto: “Todo el que deja de pagar el diezmo, los que lo impidan o lo sustraigan, cometen pecado mortal, incurren en excomunión de la que no pueden ser absueltos si no satisfacen o dan grandes garantías de ello, quedando privados de sepultura eclesiástica” (cf. Enrique Denzinger, El Magisterio de la Iglesia, Ed. Herder, 1963).

Si se agrega a esta forma de “recaudación financiera”, la venta de indulgencias, el pago de sacramentos, la comercialización de reliquias (aunque la mayor parte fueran apócrifas), los decomisos de bienes y patrimonios familiares por parte de la inquisición a los infelices que eran delatados y sentenciados por el “delito” de “herejía” o por ser “judaizantes” (donde se admitía el rumor y la calumnia como “elemento de prueba”), se puede documentar que en siglos de historia, la ambición de la Iglesia católica por acumular riquezas, no tuvo límites y fue por demás insaciable.

En México, el clero secular, los obispos y canónigos vivían principalmente de los diezmos y las primicias. El clero acabó por absorber casi toda la propiedad de la Nueva España, arruinando la agricultura, la industria y el comercio; la pesada contribución del diezmo, como señalaba Abad y Queipo, “no dejaba respirar al labrador”. La Iglesia católica impuso los “diezmos parroquiales” -como lo demostró el liberal mexicano Melchor Ocampo-, “para esclavizar por deudas impagables a los campesinos”. Hay que recordar que la Iglesia católica en México tenía en sus juzgados de capellanías un banco hipotecario, que prestaba a terratenientes, tanto urbanos como rústicos, al 5 y 6% de interés anual bajo hipoteca.

En este contexto, a finales del siglo XVIII, la Iglesia católica era propietaria de la mitad de los bienes raíces y tierras del país y tenía hipotecados muchos otros más, y tenía fama de explotar a sus trabajadores. Para esta época, la legislación eclesiástica establecía el cobro forzoso del diezmo, los legados testamentarios, los bienes de capellanías, cofradías, obras pías y dotes monásticas, entre otros conceptos más, que hacían de la Iglesia católica el principal propietario de la Nueva España.

Francisco Martín Moreno, en su libro “México ante Dios”, destaca que “la jerarquía eclesiástica acaparó la riqueza durante más de tres siglos […] Impidió la alfabetización de las masas y concentró la educación en los privilegiados […] Detentaba más del cincuenta por ciento de la propiedad inmobiliaria del país y tenía bancos, hipotecarias, policía secreta y cárceles clandestinas. Gozaba de exenciones fiscales, cobraba diezmos apoyándose en la fuerza pública y financió guerras, como la de Reforma, invitando a los feligreses a matar con indulgencia plenaria” (Cf. Francisco Martin Moreno, México ante Dios, Ed. Alfaguara, 2006).

El pago forzoso del diezmo, finalmente, fue abolido a partir de las Leyes de Reforma y erradicado definitivamente de nuestro país, a raíz de la separación del Estado y las Iglesias, impulsada por el presidente Benito Juárez, quien vino a sentar las bases del Estado laico en México (cf. Robert J. Knowlton, Los bienes del clero y la Reforma mexicana, 1856-1910, FCE, 1995).

La añoranza de la jerarquía católica actual por sus antiguos privilegios, como ya hemos leído, la ha llevado a buscar la “restauración del diezmo”, en primera instancia, al interior de su estructura diocesana desde hace algunas décadas. Un ejemplo de lo anterior, es el hecho de que el cardenal Norberto Rivera Carrera, titular de la arquidiócesis primada de México, ha sido un impulsor acérrimo del pago forzoso del diezmo diocesano. Norberto Rivera, en diciembre de 1996, estableció un decreto eclesial, con carácter de obligatorio, donde fijó lo siguiente: “A partir del 1 de enero de 1997, todas las parroquias, capillas y rectorías del Distrito Federal (que suman más de mil), deberán entregar el 10% de sus ingresos brutos mensuales a la arquidiócesis de México” (Reforma, 16 de diciembre de 1996).
En este decreto, publicado en la Gaceta Oficial del Arzobispado, Norberto Rivera señaló que “la medida es obligatoria y que no estarán exentas de ella las parroquias que estén en construcción o tengan gastos determinados causados por sus necesidades pastorales” (Ídem). El decreto del 10 por ciento, señala, “no hace distingo entre las parroquias de escasos y altos recursos, como las de la periferia del Distrito Federal, en Iztapalapa, o las iglesias de las Lomas y Polanco”. Por su parte, Héctor Fernández Rousselón, entonces director de Comunicación Social del Arzobispado, advirtió que el prelado “no daría información a la prensa sobre los ingresos y egresos de la Arquidiócesis”, situación que se ha cumplido al pie de la letra hasta el día de hoy. Por su lado, el padre Enrique García, ecónomo de la Arquidiócesis de México, amenazó “que los sacerdotes que no proporcionen diezmos podrían ser destituidos de sus cargos eclesiásticos” (Ídem).
Este decreto se dictó, cabe mencionarlo, a menos de un año de que el abad de la Basílica de Guadalupe, Guillermo Schulenburg, fuera acusado por personajes y medios cercanos a Rivera de no ser creyente en las apariciones de la virgen de Guadalupe. Norberto Rivera se presentó entonces ante la opinión pública como el gran “defensor” de las apariciones de la virgen y de Juan Diego. A la postre, Schulemburg dejó el cargo mientras que la Basílica, con sus millonarios recursos, pasó a depender de Rivera.
En el caso particular de la arquidiócesis de Guadalajara, el diezmo es una exigencia imponderable: De lo recolectado por concepto de donativos, limosnas, aranceles, etcétera, se deposita el diezmo en las arcas del arzobispado. El II Sínodo Diocesano así lo exige: “El sacerdote debe rendir su informe a la oficina de asuntos económicos del arzobispado en los primeros diez días de cada mes […] Es obligatorio que todas las parroquias y cuasi parroquias aporten el 10% de los ingresos ordinarios al fondo común diocesano […] Aportación puntual del 10% de los ingresos ordinarios de las parroquias” (Cf. II Sínodo Diocesano Arquidiócesis de Guadalajara, parágrafos 188 y 189).

A semejantes disposiciones, y aún más enérgicas, llegó el arzobispo de Yucatán, Emilio Berlié Belaunzarán, quien el 5 de agosto de 1997 creó oficialmente el “Consejo Arquidiocesano para la Promotoría del Diezmo”, con el propósito de que una serie de “visitantes” pasaran de casa en casa para promocionar el pago del diezmo e incluso cobrarlo (Siglo 21, 5 de agosto de 1996, p. 12).

En términos generales, esta “captación de diezmos” opera en las 18 arquidiócesis y 65 diócesis católicas en nuestro país. No hablamos aquí del porcentaje de dinero que se envía al Vaticano (en dólares), por parte de todas las diócesis del país, porque sería abundar en otro tema.

Surge aquí, por su lado, una pregunta que resulta ineludible ¿A quiénes rinden cuentas las diócesis católicas en México de las millonarias cantidades de dinero que ingresan a sus arcas por diferentes conceptos? ¿Cuándo se han rendido informes financieros a la feligresía? La población católica practicante (conformada por el 7.2 %, según recientes estudios), desconoce cuál es el estado de las finanzas eclesiásticas, qué se hace con ellas y a quien benefician en realidad. Los creyentes ignoran cuánto se reúne y a donde va a parar todo el dinero recaudado por la Iglesia. No hay transparencia en el uso de recursos, señalan.

Se tiene que llegar a situaciones dolorosas para conocer, aunque sea de una manera críptica, los movimientos financieros de la Iglesia católica en algunas diócesis del mundo. Por ejemplo, se sabe ahora que en EE UU, en los últimos años, la Iglesia católica ha pagado cerca de 1, 200 millones de dólares por concepto de indemnización a víctimas de abuso sexual por parte de sacerdotes católicos y que el dinero ha salido de sus copiosas arcas.

Se sabe también, por testimonios de diversos religiosos, de la existencia de ingresos de dudosa procedencia a las arcas de la Iglesia católica, tal como lo señaló en su momento el padre Raúl Soto, canónigo de la Basílica de Guadalupe, al referir “que más mexicanos deberían seguir el ejemplo de los narcotraficantes Rafael Caro Quintero y Amado Carrillo, que entregaron varias donaciones millonarias a la Iglesia” (La Jornada, 20 de septiembre de 2007). Por su lado, el extinto obispo de Aguascalientes, monseñor Ramón Godínez, admitió que a la Iglesia católica llegan limosnas del narcotráfico, pero que se purifican al entrar a ella: "Donde quiera se dan (limosnas del narco), en Aguascalientes y en Tepezalá, pero no nos toca a nosotros investigar el origen del dinero", (Reforma, 20 de septiembre, de 2005). Dijo, en una conferencia de prensa, tener conocimiento de dinero que ha ingresado a la Iglesia católica y que es producto del tráfico de drogas: "He conocido de casos, pero se han purificado", remató (Ídem).
Es por todo lo anterior, que la sociedad mexicana no sólo ve con desconfianza la propuesta de la jerarquía católica respecto de la “restauración del diezmo”, sino que se pronuncia por un rechazo absoluto, porque que infiere que del dinero de sus impuestos, habría partidas para gastos imprevistos, entre los cuales estarían las indemnizaciones para víctimas de abuso sexual de sacerdotes y el pago de abogados para apoyar jurídicamente a sacerdotes pederastas. El dinero destinado a la asistencia social de los mexicanos, no debe ser desviado para los anteriores conceptos. De ahí la intransigencia clerical, en su fanática embestida en contra del Estado laico, y la pugna por regresar a un modelo confesional ya superado, por fortuna, en nuestro pais.

Ante este panorama, es importante, hoy más que nunca, el enorme valor político de preservar el Estado laico en México.


Laura Campos Jiménez es historiadora por la Universidad de Guadalajara y autora del libro Los Nuevos Beatos Cristeros. Crónica de una Guerra Santa en México.

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