Terrorismos
Roberto Cortez Zárate
Las últimas semanas, meses quizá, han estado marcados por las acciones del Partido Democrático Popular Revolucionario – Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR) quien ha ganado espacios perdidos en la agenda nacional. El detonante del nuevo accionar del grupo guerrillero -que por cierto no desarrollaba acciones desde hacía un buen rato- fue la desaparición de dos de sus milicianos: Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, la noche del 25 de mayo pasado en un hotel de la ciudad de Oaxaca
El argumento del PDPR-EPR para comenzar con una serie de acciones de hostigamiento es que el gobierno del Felipe Calderón ha iniciado una nueva guerra sucia contra las organizaciones sociales. Los desalojos violentos que vimos en Oaxaca, Sicrtsa y San Salvador Atenco por parte de los tres niveles policiacos es la línea argumentativa que hace que la reacción de la guerrilla vaya en un sentido semejante a la gubernamental.
El alto contraste lo da el cuestionamiento de la violencia legítima del Estado, garantizada por la conformación de un ejército y una policía nacionales, por parte de grupos delincuenciales dedicados al tráfico de estupefacientes. La respuesta por parte del gobierno de Felipe Calderón ha sido etiquetar como “terrorismo” cualquier tipo de violencia no ejercida por las instituciones, en una suerte de discurso de derecha utilizado primero por el gobierno de Estados Unidos.
Tras los ataques terroristas perpetrados el 11 de septiembre de 2001 en ese país, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó unánimemente la resolución 1373 (2001) que, entre sus disposiciones, obliga a todos los Estados a tipificar como delito la prestación de asistencia para actividades terroristas, denegar refugio y apoyo financiero a los terroristas y compartir información sobre los grupos que planeen ataques terroristas.
Sin embargo, no hay una definición contundente respecto de lo que significan actos terroristas, particularmente si tomamos en cuenta que los grupos extremistas tienen una formación religiosa diferente a la conocida en los países de occidente. Independientemente de las circunstancias en Irak, por ejemplo, hay que tomar en cuenta que ese país fue invadido y sufre una guerra civil.
Otros ejemplos son el grupo nacionalista ETA (Euskadi Ta Askatasuna, que en lengua vasca significa Patria Vasca y Libertad) o el Ejército Revolucionario Irlandés (ERI), cuyas luchas históricas se han caracterizado por buscar la autonomía política, en el primer caso, y el respeto a su religión, en el segundo. De ahí que hacer una simplificación para tildar de “terrorismo” a cualquier grupo social o político es peligroso.
En diversas ocasiones se ha acusado a grupos político – militares de estar vinculados con el narcotráfico, un caso concreto son las Fuerzas Armadas de Colombia –Ejército del Pueblo (FARC-EP) a las que se acusa de controlar el mercado de cocaína en aquel país y de depender en 80 por ciento de esos recursos para su accionar. Empero, las FARC no han podido instaurar un régimen socialista en aquel país y el gobierno de derecha está encabezado por Álvaro Uribe.
El caso mexicano es más dramático: en las zonas donde opera la guerrilla mexicana en las sierras de Oaxaca, Guerrero y Chiapas hay una coexistencia con el narcotráfico donde ambos grupos se ven pero no se tocan. De hecho, si se pudiera hacer evidente la conexión entre ambos grupos, las acciones recientes del EPR habían sido de mayor contundencia.
En lo ideológico existe además una diferencia significativa: mientras los traficantes de drogas son la expresión más acabada del capitalismo salvaje , pues su lucha es por mercados y territorios para la producción y comercialización de sus productos; los grupos guerrilleros aún atienden a ideales fincados en el socialismo, el cambio a un sistema que ellos consideran mejor y a un camino específico para lograrlo.
Es importante señalar en este caso que las acciones del EPR no han provocado ninguna víctima mortal y lo el grupo insurgente ha subrayado a través de sus mensajes políticos. Las acciones del narcotráfico habían provocado al menos un millar de muertes hacia la primera mitad del año.
Ante esta circunstancia respaldar el discurso del “terrorismo” para etiquetar a todo lo que resulta molesto al gobierno de Calderón es un riesgo para acallar cualquier voz disidente.
Para mi padre, donde quiera que esté.
Las últimas semanas, meses quizá, han estado marcados por las acciones del Partido Democrático Popular Revolucionario – Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR) quien ha ganado espacios perdidos en la agenda nacional. El detonante del nuevo accionar del grupo guerrillero -que por cierto no desarrollaba acciones desde hacía un buen rato- fue la desaparición de dos de sus milicianos: Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, la noche del 25 de mayo pasado en un hotel de la ciudad de Oaxaca
El argumento del PDPR-EPR para comenzar con una serie de acciones de hostigamiento es que el gobierno del Felipe Calderón ha iniciado una nueva guerra sucia contra las organizaciones sociales. Los desalojos violentos que vimos en Oaxaca, Sicrtsa y San Salvador Atenco por parte de los tres niveles policiacos es la línea argumentativa que hace que la reacción de la guerrilla vaya en un sentido semejante a la gubernamental.
El alto contraste lo da el cuestionamiento de la violencia legítima del Estado, garantizada por la conformación de un ejército y una policía nacionales, por parte de grupos delincuenciales dedicados al tráfico de estupefacientes. La respuesta por parte del gobierno de Felipe Calderón ha sido etiquetar como “terrorismo” cualquier tipo de violencia no ejercida por las instituciones, en una suerte de discurso de derecha utilizado primero por el gobierno de Estados Unidos.
Tras los ataques terroristas perpetrados el 11 de septiembre de 2001 en ese país, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó unánimemente la resolución 1373 (2001) que, entre sus disposiciones, obliga a todos los Estados a tipificar como delito la prestación de asistencia para actividades terroristas, denegar refugio y apoyo financiero a los terroristas y compartir información sobre los grupos que planeen ataques terroristas.
Sin embargo, no hay una definición contundente respecto de lo que significan actos terroristas, particularmente si tomamos en cuenta que los grupos extremistas tienen una formación religiosa diferente a la conocida en los países de occidente. Independientemente de las circunstancias en Irak, por ejemplo, hay que tomar en cuenta que ese país fue invadido y sufre una guerra civil.
Otros ejemplos son el grupo nacionalista ETA (Euskadi Ta Askatasuna, que en lengua vasca significa Patria Vasca y Libertad) o el Ejército Revolucionario Irlandés (ERI), cuyas luchas históricas se han caracterizado por buscar la autonomía política, en el primer caso, y el respeto a su religión, en el segundo. De ahí que hacer una simplificación para tildar de “terrorismo” a cualquier grupo social o político es peligroso.
En diversas ocasiones se ha acusado a grupos político – militares de estar vinculados con el narcotráfico, un caso concreto son las Fuerzas Armadas de Colombia –Ejército del Pueblo (FARC-EP) a las que se acusa de controlar el mercado de cocaína en aquel país y de depender en 80 por ciento de esos recursos para su accionar. Empero, las FARC no han podido instaurar un régimen socialista en aquel país y el gobierno de derecha está encabezado por Álvaro Uribe.
El caso mexicano es más dramático: en las zonas donde opera la guerrilla mexicana en las sierras de Oaxaca, Guerrero y Chiapas hay una coexistencia con el narcotráfico donde ambos grupos se ven pero no se tocan. De hecho, si se pudiera hacer evidente la conexión entre ambos grupos, las acciones recientes del EPR habían sido de mayor contundencia.
En lo ideológico existe además una diferencia significativa: mientras los traficantes de drogas son la expresión más acabada del capitalismo salvaje , pues su lucha es por mercados y territorios para la producción y comercialización de sus productos; los grupos guerrilleros aún atienden a ideales fincados en el socialismo, el cambio a un sistema que ellos consideran mejor y a un camino específico para lograrlo.
Es importante señalar en este caso que las acciones del EPR no han provocado ninguna víctima mortal y lo el grupo insurgente ha subrayado a través de sus mensajes políticos. Las acciones del narcotráfico habían provocado al menos un millar de muertes hacia la primera mitad del año.
Ante esta circunstancia respaldar el discurso del “terrorismo” para etiquetar a todo lo que resulta molesto al gobierno de Calderón es un riesgo para acallar cualquier voz disidente.
posted by nagual at 2:45 PM
0 Comments:
Post a Comment
<< Home