Artículo sobre México, recibido desde Perú
Coletillas al Margen
¿Segunda revolución mexicana?
Carlos Angulo Rivas
El conflicto por la auténtica democracia en México, desde el día de las elecciones generales (2 de julio) ha tomado un cariz cada vez más definido. Inicialmente se dio la lucha dentro de la legalidad oficial establecida, a fin de resolver el impasse acerca de las dudas respecto a los resultados electorales que daban como ganador de la presidencia de la república, por mínima diferencia, a Felipe Calderón, el candidato gobiernista. Ante la sospecha sostenible de un fraude masivo a favor del candidato del PAN y del presidente Vicente Fox, las huestes del partido perjudicado en las urnas, el PRD, encabezadas por el propio candidato Manuel López Obrador, denunciaron la trampa ante el Jurado Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que sólo tenía dos opciones y no una tercera. La primera era decretar el conteo del "voto por voto y casilla por casilla" solicitado con pruebas fehacientes de actas viciadas, intervenciones oficiales, burla de la ley y videos probatorios del fraude; la segunda, la valiente y honesta resolución de anular la votación general convocando a nuevas elecciones presidenciales; sin embargo, en una apuesta pactada con el gobierno y las entidades del oficialismo el TEPJF declaró ganador indiscutible a Felipe Calderón.
Durante la campaña electoral mexicana se realizó un linchamiento político oficialista y mediático; en éste participó toda la corrupta clase política tradicional contra López Obrador, quien a pesar de ello logró sobrevivir y prácticamente ganar las elecciones. Aquí la semejanza con lo ocurrido contra Hugo Chávez en Venezuela, contra Evo Morales en Bolivia y recientemente contra Ollanta Humala en el Perú, es concluyente, pues todos ellos fueron demolidos por la prensa empresarial y no por casualidad. Las características de estos linchamientos o lapidaciones políticas están relacionadas y son casi idénticas, corresponden a la defensa con uñas y dientes del sistema político inmoral llamado democracia por la Casa Blanca. No cabe duda que esta conducta antidemocrática de los partidos tradicionales en el continente y ahora en México constituye la defensa desesperada y última, de intereses antinacionales en cada país; lo cual significa la total sumisión al neoliberalismo, la globalización de las empresas transnacionales y el dominio hegemónico de Estados Unidos en lo económico, político y militar. En esta dirección, ya evidente en Latinoamérica, no se está defendiendo la débil democracia representativa del voto sino la captura del gobierno, la captura del aparato represor y manipulador del Estado, para desde allí seguir engañando periódicamente a los pueblos. Pero, Manuel López Obrador y la madurez del pueblo mexicano no cedieron ni van a ceder frente a una descarada burla a la voluntad popular mayoritaria.
La decisión del TEPJF de proclamar a Felipe Calderón presidente electo, confirma la estafa del fraude electoral y da por finalizada la lucha dentro de la legalidad oficial establecida que, en principio, se propuso López Obrador; sin embargo, más de la mitad de los mexicanos representados por el PRD y la coalición "por el bien de todos" y por los sindicatos, organizaciones de base campesinas, de trabajadores, estudiantiles y sectores populares empobrecidos no reconocen el veredicto oficial y han emprendido una lucha democrática mucho más amplia y consistente; la de la legalidad de convocatoria y protesta, fundamentada en la resistencia civil pacífica contra la usurpación y por consiguiente la desobediencia ciudadana frente al futuro gobierno oficial de Felipe Calderón a establecerse el primero de diciembre. Los pasos dados hasta ahora se encaminan hacia la ingobernabilidad a través de la insurgencia popular democrática, la misma que ya tiene historia en el continente, pues obligó a renunciar a presidentes precariamente elegidos como Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez en Ecuador; Alberto Fujimori (tercer mandato) en Perú; Sánchez de Lozada y Carlos Mesa en Bolivia; y Fernando De la Rúa en Argentina.
La batalla moral y ética en México la tiene ganada de lejos Manuel López Obrador, quien en las jornadas de la movilización social ha convertido a Vicente Fox en un presidente exiliado que no pudo dar su discurso final en el recinto del Congreso, ocupado por los congresistas del PRD que rechazaron su presencia; y que tampoco pudo celebrar la fiesta nacional el 15 de septiembre, el Grito de la Independencia, en la Plaza de la Constitución ni en el Zócalo del distrito federal, ocupado por las organizaciones de respaldo a Manuel López Obrador que precisamente inauguraba la Convención Nacional Democrática CND integrada por un millón 25 mil 724 delegados registrados. CND proclamó a Manuel López Obrador, presidente legítimo de México, bajo el compromiso de viajar por todo el país y encabezar protestas regionales, nacionales y constituyentes. Así mientras el presidente Vicente Fox negoció con la Fuerza Armada la celebración de la fiesta nacional en Guanajuato, el gobierno de izquierda capitalino del gobernador Alejandro Encinas lo hizo en la Plaza de la Constitución en presencia de los delgados y el pueblo movilizado en el Zócalo, lugar donde se reafirmó la soberanía popular. Estas demostraciones de fuerzas polarizadas mantienen un trasfondo político que no sólo desea impedir la imposición de Felipe Calderón como presidente de la república, sino de ir más allá; es decir, hacia la transformación del sistema político corrupto actual, luego de más de 70 años de dominio del partido único PRI, de proteccionismo social paternalista; y de un desafortunado gobierno de ultraderecha como el de Vicente Fox.
La situación del país es bastante grave desde la descomunal inmoralidad y corrupción del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, quien en aplicación de las políticas neoliberales llevó a México a una brutal crisis económica y social, producida inmediatamente después de firmar el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, NAFTA; profunda crisis dejada como herencia al presidente entrante Ernesto Zedillo. Siendo México el primer país de América Latina en suscribir este tipo de tratados de libre comercio asimétricos y desfavorables, la crisis económica de "ajuste" tuvo repercusiones mundiales y fue conocida como el efecto "Tequila," cuando el valor del peso mexicano ante la ausencia de reservas se fue por los suelos, siendo salvado a medias por el presidente Bill Clinton, quien solicitó al congreso de su país un préstamo especial por 20 mil millones de dólares para México, garantizando así a los acreedores el cumplimiento cabal de los compromisos financieros en dólares. Dados los efectos que tuvo esta crisis económica en las diferentes economías mundiales, principalmente en las sudamericanas, se le dio el nombre de efecto "Tequila," pero en México para salvar su comprometida responsabilidad, Salinas de Gortari la llamó "Errores de diciembre" para atribuir la crisis a hipotéticas malas decisiones de la administración Zedillo y no a la política económica creada por él durante sus seis años de gobierno.
De tal suerte, en los tres últimos gobiernos, dos del PRI y uno del PAN, el incremento de la pobreza (entre 60 y 65 millones de pobres) ha procreado un escenario explosivo y de cambio revolucionario. Por ello mismo, la publicidad del gobierno y de los medios de comunicación de haber logrado la estabilidad económica en la macroeconomía (teoría del chorreo) no es aceptado por nadie, menos aún con cifras elevadas de desempleo y deterioro mortal en la economía de los hogares, ambas causas de la inmigración a como dé lugar hacia Estados Unidos. Entonces la designación de López Obrador como presidente legítimo conlleva a un combate mediático de continuidad de la liquidación política iniciada en el proceso electoral. Hoy en día, ya los principales editorialistas de la derecha y la TV señalan que se trata de un "loquito" apoyado por resentidos sociales, inadaptados, marginales y perdedores. No obstante, el nuevo espacio político de la gran movilización social vislumbra una atmósfera muy distinta e inédita respecto a la percepción de los defensores del sistema y sus intereses divorciados por completo de las masas. Una presidencia de la república legitimada por las muchedumbres como la de López Obrador, en tanto no se incorpora como oposición al sistema en arreglos de gobernabilidad y que se hace desde afuera, puede realmente ocasionar el derrumbe de una lastimera y precaria presidencia de Felipe Calderón e inclusive impedir que la imposición de su persona se materialice. Sin arreglos en la cúpula de la clase política como en anteriores oportunidades, donde la oposición participaba del festín, la crisis mexicana continuará hasta una solución ya no de "gobernabilidad" sino de cambio transformador revolucionario.
Manuel López Obrador ha sido claro al respecto después de consumado el fraude. Y su movimiento, de cierta manera, define el nuevo periodo como la continuación de una disputa histórica entre partidos irreconciliables: centralistas versus federalistas en la época de la independencia; conservadores y liberales después de la revolución mexicana y en la Reforma; y hoy izquierdistas progresistas versus derechistas corruptos y plutocráticos. ¿Estamos a las puertas de una nueva revolución mexicana? Todo parece indicar que sí. Las principales resoluciones de la Convención Nacional Democrática apuntan a la abolición de los regímenes de privilegios y la organización de un referéndum para la Asamblea Constituyente; asimismo, el establecimiento de un gobierno legítimo (López Obrador) con gabinete ministerial en la capital, de carácter itinerante, dándole vigencia permanente y soberana a la asamblea de la CND. Medidas, todas ellas, de orden organizativo que conforman un poder real.
La dualidad de poderes en la escena próxima, entre un gobierno legalizado a la fuerza y otro legitimado por las multitudes no tiene cómo durar. El gobierno oficial tiene el apoyo de los gobiernos del exterior, es cierto; pero el legítimo lo tiene de la simpatía mayoritaria interna y también la externa a nivel de los pueblos; y será éste último, el de López Obrador, el que defina finalmente una salida a la crisis. Una vez más en América Latina, a través de la insurgencia popular pacífica, con miras a la democracia participativa, se habrá impuesto sin un solo disparo, cuando menos por parte de los electores, dueños del poder soberano, un cambio sustancial en el sistema político. Lo más probable e inteligente, en el corto plazo, sería que Felipe Calderón se vea forzado a renunciar y a convocar nuevas elecciones a fin de evitar la derrota absoluta y el arrinconamiento de la clase política tradicional, obligada desde ahora a una alianza del PRI y el PAN, única garantía de seguir sosteniendo un sistema corrupto absolutamente agotado. Y de ser así aún queda el veremos.
21 de septiembre de 2006
Carlos Angulo Rivas
reppam@mountaincable.net
¿Segunda revolución mexicana?
Carlos Angulo Rivas
El conflicto por la auténtica democracia en México, desde el día de las elecciones generales (2 de julio) ha tomado un cariz cada vez más definido. Inicialmente se dio la lucha dentro de la legalidad oficial establecida, a fin de resolver el impasse acerca de las dudas respecto a los resultados electorales que daban como ganador de la presidencia de la república, por mínima diferencia, a Felipe Calderón, el candidato gobiernista. Ante la sospecha sostenible de un fraude masivo a favor del candidato del PAN y del presidente Vicente Fox, las huestes del partido perjudicado en las urnas, el PRD, encabezadas por el propio candidato Manuel López Obrador, denunciaron la trampa ante el Jurado Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que sólo tenía dos opciones y no una tercera. La primera era decretar el conteo del "voto por voto y casilla por casilla" solicitado con pruebas fehacientes de actas viciadas, intervenciones oficiales, burla de la ley y videos probatorios del fraude; la segunda, la valiente y honesta resolución de anular la votación general convocando a nuevas elecciones presidenciales; sin embargo, en una apuesta pactada con el gobierno y las entidades del oficialismo el TEPJF declaró ganador indiscutible a Felipe Calderón.
Durante la campaña electoral mexicana se realizó un linchamiento político oficialista y mediático; en éste participó toda la corrupta clase política tradicional contra López Obrador, quien a pesar de ello logró sobrevivir y prácticamente ganar las elecciones. Aquí la semejanza con lo ocurrido contra Hugo Chávez en Venezuela, contra Evo Morales en Bolivia y recientemente contra Ollanta Humala en el Perú, es concluyente, pues todos ellos fueron demolidos por la prensa empresarial y no por casualidad. Las características de estos linchamientos o lapidaciones políticas están relacionadas y son casi idénticas, corresponden a la defensa con uñas y dientes del sistema político inmoral llamado democracia por la Casa Blanca. No cabe duda que esta conducta antidemocrática de los partidos tradicionales en el continente y ahora en México constituye la defensa desesperada y última, de intereses antinacionales en cada país; lo cual significa la total sumisión al neoliberalismo, la globalización de las empresas transnacionales y el dominio hegemónico de Estados Unidos en lo económico, político y militar. En esta dirección, ya evidente en Latinoamérica, no se está defendiendo la débil democracia representativa del voto sino la captura del gobierno, la captura del aparato represor y manipulador del Estado, para desde allí seguir engañando periódicamente a los pueblos. Pero, Manuel López Obrador y la madurez del pueblo mexicano no cedieron ni van a ceder frente a una descarada burla a la voluntad popular mayoritaria.
La decisión del TEPJF de proclamar a Felipe Calderón presidente electo, confirma la estafa del fraude electoral y da por finalizada la lucha dentro de la legalidad oficial establecida que, en principio, se propuso López Obrador; sin embargo, más de la mitad de los mexicanos representados por el PRD y la coalición "por el bien de todos" y por los sindicatos, organizaciones de base campesinas, de trabajadores, estudiantiles y sectores populares empobrecidos no reconocen el veredicto oficial y han emprendido una lucha democrática mucho más amplia y consistente; la de la legalidad de convocatoria y protesta, fundamentada en la resistencia civil pacífica contra la usurpación y por consiguiente la desobediencia ciudadana frente al futuro gobierno oficial de Felipe Calderón a establecerse el primero de diciembre. Los pasos dados hasta ahora se encaminan hacia la ingobernabilidad a través de la insurgencia popular democrática, la misma que ya tiene historia en el continente, pues obligó a renunciar a presidentes precariamente elegidos como Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez en Ecuador; Alberto Fujimori (tercer mandato) en Perú; Sánchez de Lozada y Carlos Mesa en Bolivia; y Fernando De la Rúa en Argentina.
La batalla moral y ética en México la tiene ganada de lejos Manuel López Obrador, quien en las jornadas de la movilización social ha convertido a Vicente Fox en un presidente exiliado que no pudo dar su discurso final en el recinto del Congreso, ocupado por los congresistas del PRD que rechazaron su presencia; y que tampoco pudo celebrar la fiesta nacional el 15 de septiembre, el Grito de la Independencia, en la Plaza de la Constitución ni en el Zócalo del distrito federal, ocupado por las organizaciones de respaldo a Manuel López Obrador que precisamente inauguraba la Convención Nacional Democrática CND integrada por un millón 25 mil 724 delegados registrados. CND proclamó a Manuel López Obrador, presidente legítimo de México, bajo el compromiso de viajar por todo el país y encabezar protestas regionales, nacionales y constituyentes. Así mientras el presidente Vicente Fox negoció con la Fuerza Armada la celebración de la fiesta nacional en Guanajuato, el gobierno de izquierda capitalino del gobernador Alejandro Encinas lo hizo en la Plaza de la Constitución en presencia de los delgados y el pueblo movilizado en el Zócalo, lugar donde se reafirmó la soberanía popular. Estas demostraciones de fuerzas polarizadas mantienen un trasfondo político que no sólo desea impedir la imposición de Felipe Calderón como presidente de la república, sino de ir más allá; es decir, hacia la transformación del sistema político corrupto actual, luego de más de 70 años de dominio del partido único PRI, de proteccionismo social paternalista; y de un desafortunado gobierno de ultraderecha como el de Vicente Fox.
La situación del país es bastante grave desde la descomunal inmoralidad y corrupción del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, quien en aplicación de las políticas neoliberales llevó a México a una brutal crisis económica y social, producida inmediatamente después de firmar el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, NAFTA; profunda crisis dejada como herencia al presidente entrante Ernesto Zedillo. Siendo México el primer país de América Latina en suscribir este tipo de tratados de libre comercio asimétricos y desfavorables, la crisis económica de "ajuste" tuvo repercusiones mundiales y fue conocida como el efecto "Tequila," cuando el valor del peso mexicano ante la ausencia de reservas se fue por los suelos, siendo salvado a medias por el presidente Bill Clinton, quien solicitó al congreso de su país un préstamo especial por 20 mil millones de dólares para México, garantizando así a los acreedores el cumplimiento cabal de los compromisos financieros en dólares. Dados los efectos que tuvo esta crisis económica en las diferentes economías mundiales, principalmente en las sudamericanas, se le dio el nombre de efecto "Tequila," pero en México para salvar su comprometida responsabilidad, Salinas de Gortari la llamó "Errores de diciembre" para atribuir la crisis a hipotéticas malas decisiones de la administración Zedillo y no a la política económica creada por él durante sus seis años de gobierno.
De tal suerte, en los tres últimos gobiernos, dos del PRI y uno del PAN, el incremento de la pobreza (entre 60 y 65 millones de pobres) ha procreado un escenario explosivo y de cambio revolucionario. Por ello mismo, la publicidad del gobierno y de los medios de comunicación de haber logrado la estabilidad económica en la macroeconomía (teoría del chorreo) no es aceptado por nadie, menos aún con cifras elevadas de desempleo y deterioro mortal en la economía de los hogares, ambas causas de la inmigración a como dé lugar hacia Estados Unidos. Entonces la designación de López Obrador como presidente legítimo conlleva a un combate mediático de continuidad de la liquidación política iniciada en el proceso electoral. Hoy en día, ya los principales editorialistas de la derecha y la TV señalan que se trata de un "loquito" apoyado por resentidos sociales, inadaptados, marginales y perdedores. No obstante, el nuevo espacio político de la gran movilización social vislumbra una atmósfera muy distinta e inédita respecto a la percepción de los defensores del sistema y sus intereses divorciados por completo de las masas. Una presidencia de la república legitimada por las muchedumbres como la de López Obrador, en tanto no se incorpora como oposición al sistema en arreglos de gobernabilidad y que se hace desde afuera, puede realmente ocasionar el derrumbe de una lastimera y precaria presidencia de Felipe Calderón e inclusive impedir que la imposición de su persona se materialice. Sin arreglos en la cúpula de la clase política como en anteriores oportunidades, donde la oposición participaba del festín, la crisis mexicana continuará hasta una solución ya no de "gobernabilidad" sino de cambio transformador revolucionario.
Manuel López Obrador ha sido claro al respecto después de consumado el fraude. Y su movimiento, de cierta manera, define el nuevo periodo como la continuación de una disputa histórica entre partidos irreconciliables: centralistas versus federalistas en la época de la independencia; conservadores y liberales después de la revolución mexicana y en la Reforma; y hoy izquierdistas progresistas versus derechistas corruptos y plutocráticos. ¿Estamos a las puertas de una nueva revolución mexicana? Todo parece indicar que sí. Las principales resoluciones de la Convención Nacional Democrática apuntan a la abolición de los regímenes de privilegios y la organización de un referéndum para la Asamblea Constituyente; asimismo, el establecimiento de un gobierno legítimo (López Obrador) con gabinete ministerial en la capital, de carácter itinerante, dándole vigencia permanente y soberana a la asamblea de la CND. Medidas, todas ellas, de orden organizativo que conforman un poder real.
La dualidad de poderes en la escena próxima, entre un gobierno legalizado a la fuerza y otro legitimado por las multitudes no tiene cómo durar. El gobierno oficial tiene el apoyo de los gobiernos del exterior, es cierto; pero el legítimo lo tiene de la simpatía mayoritaria interna y también la externa a nivel de los pueblos; y será éste último, el de López Obrador, el que defina finalmente una salida a la crisis. Una vez más en América Latina, a través de la insurgencia popular pacífica, con miras a la democracia participativa, se habrá impuesto sin un solo disparo, cuando menos por parte de los electores, dueños del poder soberano, un cambio sustancial en el sistema político. Lo más probable e inteligente, en el corto plazo, sería que Felipe Calderón se vea forzado a renunciar y a convocar nuevas elecciones a fin de evitar la derrota absoluta y el arrinconamiento de la clase política tradicional, obligada desde ahora a una alianza del PRI y el PAN, única garantía de seguir sosteniendo un sistema corrupto absolutamente agotado. Y de ser así aún queda el veremos.
21 de septiembre de 2006
Carlos Angulo Rivas
reppam@mountaincable.net
posted by Edgar González Ruiz at 11:12 AM
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