Norberto Rivera en el escándalo de LA

Pederastia clerical en Los Angeles:

Norberto Rivera es uno de los cómplices

Edgar González Ruiz


Tradicionalmente, la Iglesia Católica ha predicado la represión de la sexualidad, pero la severidad con que condena el erotismo de sus fieles no la aplica a los abusos sexuales que cometen los curas, con quienes la jerarquía suele ser indulgente y protectora, lo que está generando graves problemas en las diócesis católicas.



La arquidiócesis de Los Angeles, California, tendrá que pagar 600 millones 650 mil dólares para resolver los casos de abusos sexuales por parte de sacerdotes que en el pasado eran habitualmente protegidos por dicha arquidiócesis, de tal suerte que simplemente eran enviados a nuevas tareas y parroquias..



Tan sólo en este escándalo, suman 508 los casos de abusos por parte de clérigos, por lo que la Arquidiócesis erogará un promedio de 1,2 millones a 1,3 millones para satisfacer a cada uno de los demandantes, con sumas que van de los 50.000 dólares a los 4 millones de dólares, en función del daño causado, pero además el acuerdo incluye la revelación de expedientes confidenciales de clérigos luego de una revisión de un juez asignado para supervisar el litigio, y quien debe aprobar el acuerdo final.



Cuando se dio a conocer el fallo del Tribunal, una de las víctimas, Lee Bashforth, de 37 años, sostenía afuera del recinto una fotografía de sí mismo en su primera comunión, cuando tenía 7 años de edad, en compañía del sacerdote que abusó de él.



El escándalo generado en esa arquidiócesis involucra al arzobispo de México, Norberto Rivera, acusado de ser cómplice de uno de los curas pederastas denunciados en Los Angeles.



Contacto en México



El mexicano Joaquín Aguilar Méndez es una de las víctimas de los curas pederastas, que será indemnizado con 50 mil dólares por la Arquidiócesis de los Angeles, pero proseguirá sus acciones legales contra Norberto Rivera por haber encubierto a su violador, el cura Nicolás Aguilar Rivera, quien actualmente está prófugo.



Según algunas versiones, Nicolás Aguilar está oculto en el estado de Puebla y sigue gozando de la protección de círculos clericales.



Acusado de violar a más de 60 niños de la Sierra Negra de Puebla, desde los años 80, el cura Nicolás Aguilar Rivera, también abusó de 26 menores durante nueve meses que permaneció en Los Angeles, y cometió otros abusos en la ciudad de México.



La periodista Sanjuana Martínez, autora del libro Manto Púrpura, ha señalado que el arzobispo de Puebla, Rosendo Huesca, platicó con las víctimas del cura pederasta, pero no hizo más que protegerlo.



Por su parte, Norberto Rivera Carrera les llegó a decir en una ocasión que “Al rato, ya ni se acordarán. Deben saber perdonarlo”, a fin de que no emprendieran acciones legales contra el cura abusador.



Pero en septiembre de 2006, Joaquín Aguilar Méndez, inició en Los Angeles una demanda legal que involucró a Norberto Rivera y al cardenal Roger Mahoney, de esa ciudad, acusados de negligencia y conspiración.



En octubre de 1994, Joaquín Aguilar, que tenía 13 años y era monaguillo, fue violado por Nicolás Aguilar Rivera en la rectoría de la iglesia San Antonio de Padua, en Ciudad de México.



Ya en aquel entonces, Nicolás Aguilar tenía una larga historia de abusos sexuales, que al parecer se iniciaron desde que estaba en el seminario. En la década de los 80 era párroco en Tehuacán, Puebla, donde los ataques a los acólitos eran "secreto a voces" hasta que en 1986 Nicolás apareció mal herido, tirado en un charco de sangre a consecuencia de una fuerte contusión en la cabeza, golpeado por dos muchachos con quienes mantenía relaciones. Además, periódicos locales difundieron la denuncia de una maestra que acusaba al sacerdote de haber violado a su pequeño hijo.



En aquel tiempo, Norberto Rivera era obispo de Tehuacan, y como tal usó su influencia para proteger a Nicolás Aguilar, quien fue enviado a Los Angeles, donde siguió cometiendo abusos similares.



Como ha señalado Joaquín Aguilar, Norberto Rivera sabía que estaba exportando a un delincuente, de lo cual también Roger Mahoney estaba consciente.



El 20 de septiembre de 2006, en una conferencia de prensa en la ciudad de México, los abogados estadounidenses denunciaron la complicidad de Rivera Carrera con Nicolás Aguilar, por lo que fueron perseguidos por la policía migratoria de la Segob, que estaba al mando del controvertido ultracatólico Carlos Abascal.



El mismo día, el Arzobispado emitió un comunicado donde daba instrucciones a la Segob, que Abascal se limitó a cumplir fielmente: “…pedimos a las autoridades del país, aclarar la situación migratoria de los abogados norteamericanos, y en su caso sancionar ejemplarmente la violación a nuestras leyes cometida por estos extranjeros que pretenden venir a darnos lecciones de honestidad, moralidad y legalidad…”.



En el mismo comunicado, el arzobispado le instruyó a la Segob sobre los tecnicismos legales que debería usar, y que de hecho usó, contra los abogados de Joaquín Aguilar: “Resulta indignante que los extranjeros estadounidenses…entren al país engañando a las autoridades migratorias haciéndose pasar como turistas, cuando en realidad, los abogados vienen a realizar ilegalmente su trabajo, dando conferencias de prensa difamatorias y llenas de mentiras, amenazando e intimidando, actuando con arrogancia ofensiva a nuestras leyes y autoridades, dando a entender que nuestra justicia y jueces son despreciables, por eso apelan a la justicia norteamericana, violando la soberanía nacional al pretender aplicar leyes extranjeras sobre ciudadanos mexicanos y en el territorio nacional, lo cual constituye una humillación a nuestra Constitución e Instituciones”. (www.arzobispadomexico.org.mx/HTM/Conferencia%20de%20prensa%2006-09-20.htm - 16k).



De hecho, en perfecta armonía con los intereses clericales, al lugar donde los abogados de Joaquín Aguilar llevaron a cabo su conferencia, acudieron agentes de Migración que pretendieron llevarse a los juristas para “investigarlos”, y según declaraciones que hizo a Notimex uno de los agentes del INM, la acción se debía a que los estadunidenses ingresaron al país con visa de turistas, queno ampara su actividad como abogados, ni tampoco les permite rentar el salón de un hotel para encabezar un acto público como la rueda de prensa ofrecida a las 11:00 horas.



A la postre, el Instituto Nacional de Migración (INM) impuso una restricción de ingreso a México por cinco años a los abogados Jeffrey Anderson, Michael Finnegan y al activista David Clohessy por "realizar actividades distintas a las autorizadas en su ingreso al territorio mexicano" y negarse a acudir ante las autoridades para verificar su situación migratoria.



La red de complicidades de ese caso de pederastia involucra a otros personajes que forman parte de una mafia católica con gran influencia en el gobierno federal. El actual director jurídico de la Secretaría de Salud, Bernardo Fernández del Castillo, era en ese tiempo el abogado de Norberto Rivera, y como tal lo defendió ante las denuncias que el exseminarista Joaquín Aguilar interpuso contra él por encubrir a Nicolás Aguilar Rivera.



Mientras Abascal daba su aval para perseguir a los abogados de Joaquín Aguilar, Fernández del Castillo se dedicó a lanzar infundios y amagos contra las víctimas del cura pederasta, sus abogados y los medios que trataron el tema.



De acuerdo con una nota publicada en La Jornada el 28 de septiembre de 2006, Bernardo Fernández del Castillo puso en dudagratuitamente la autenticidad de la copia de un expediente entregada a los medios de comunicación por parte de la defensa legal de Joaquín Aguilar, pero a la vez él mismo confirmó que, como se mostraba en ese expediente Rivera Carrera y Roger Mahony intercambiaron cartas referentes al cura pederasta, y admitió que hay más misivas, pero "nosotros somos enemigos de ventilar los juicios en la prensa. Solamente aquel que carece de razón y de fundamento legal acude a ella", señaló. Es decir, según el abogado, quien hace una denuncia pública “carece de razón” y quien oculta los hechos obra correctamente.



Alegaba el hoy abogado de la SS que abusos sexuales como los atribuidos a ese religioso se debían manejar “…en un plano de confidencialidad por ética profesional. Un abogado que no la tiene hace alarde de situaciones, como esos señores estadunidenses…”. Es decir, los acusaba de “no tener ética” por defender a los más débiles, a la vez que defendía la actitud de Rivera y de Mahony, de ocultar los hechos para proteger al pederasta.



Más aún, con prepotencia y haciendo gala de sus triquiñuelas jurídicas, amenazaba a los valientes abogados estadounidenses, porque, decía el defensor de Rivera, al acusarlo "mienten, y mentir ante un tribunal se llama perjurio y es un delito". Hasta amenazó con mandarlos a investigar en Estados Unidos, sólo por haberse atrevido a denunciar a un pederasta y a su encubridor.



Por su parte, la arquidiócesis de Los Angeles afirmó en ese tiempo que "el cargo de conspiración es absurdo y sin fundamento", pero los hechos y la justicia han ido demostrando lo contrario.



En su comunicado mencionado, del 20 de septiembre, el Arzobispado de México afirmaba que Rivera Carrera no había protegido a Nicolás Aguilar, y que, por el contrario, Mahoney había aceptado al cura pederasta en la diócesis de Los Angeles, a donde había ido a refugiarse: “…solicitó permiso para ser aceptado el la Arquidiócesis de los Ángeles, donde fue aceptado, y al parecer cometió allá una serie de delitos contra menores, y al percatarse del peligro de ser aprendido huyó a México, pero no se volvió a presentar a su diócesis, Tehuacan, porque bien sabía que no sería aceptado por el obispo Rivera Carrera, quien fue enterado por el cardenal Mahony de los terribles crímenes que había cometido durante su estadía en California”.



A fin de cuentas, Norberto y Roger encubrieron los abusos de Nicolás Aguilar, que sólo han aceptado públicamente cuando se han visto forzados a hacerlo por la presión de la opinión pública.



La moral de la abstinencia y la práctica del abuso



La Arquidiócesis de Los Angeles tendrá que vender algunas de sus muchas propiedades para poder pagar a las víctimas de los abusos sexuales, y la suma que erogará representa la mayor que ha pagado el clero en Estados Unidos por ese tipo de casos, desde que estalló un escándalo similar en Boston en el 2002 y desde ese año, cerca de 1.000 personas han presentado demandas contra la Iglesia Católica tan sólo en California.



En el 2004 la arquidiócesis de Orange, en California, pagó 100 millones de dólares para solucionar 90 demandas. Un año antes, la de Boston pagó 84 millones de dólares por 552 casos, lo mismo que la diócesis de Covington, en Kentucky, en el 2006 por 360 demandas.



Además, las de Tucson, en Arizona; Spokane, en Washington; Portland, en Oregón; Davenport, en Iowa, y San Diego, en California se declararon en bancarrota por no poder pagar a sus acreedores.



Hace unas semanas, la arquidiócesis de Portland acordó pagar unos 52 millones de dólares a 175 víctimas, y destinó 20 millones para el pago de futuras demandas.



La diócesis de Spokane, en Washington, evitó la bancarrota llegando a un acuerdo amistoso para pagar48 millones de dólares para zanjar 150 demandas.



A la fecha, la arquidiócesis de Los Angeles, las compañías que la aseguraron y varias órdenes religiosas han pagado más de 114 millones de dólares para solucionar 86 demandas.



Al otro lado del Atlántico, en Madrid, el pasado 10 de julio, El Tribunal Supremo confirmó la responsabilidad civil del Arzobispado de Madrid en un caso de abuso a un menor cometido por un sacerdote, secretario de vicaría de una parroquia de la capital.



El Arzobispado deberá pagar 30 mil euros, mientras que el cura acusado de pederastia fue condenado a dos años de prisión. En su sentencia, el Tribunal consideró que "el arzobispado debía haber vigilado el comportamiento del acusado", que llegó a realizar tocamientos sobre el menor en la propia vicaría.



Pero la pederastia de los religiosos católicos es solamente una de las muchas formas que ellos encuentran para evadir un voto de castidad que les resulta imposible de cumplir, y que históricamente ha sido uno de los mayores problemas del catolicismo.



Muchos curas transgreden sus votos de castidad haciendo vida marital, teniendo amantes, o incluso incurriendo en el abuso y la violación de hombres y/o mujeres, según sean sus hábitos sexuales.



Tan frecuente es la doble moral del clero que a lo largo de la historia ha sido denunciada en la literatura de diferentes países, ya sea en Portugal, donde la obra clásica El Crimen del Padre Amaro (1875), de Eca de Queiros,relata cómo un cura seduce a una joven obligándola luego a abortar; en Perú, con Aves sin Nido (1889), novela de Clorinda Matos de Turner, quien sufrió persecuciones del clero a raíz de esa obra donde se relata cómo una adolescente y su novio, quienes están profundamente enamorados, descubren que no se pueden casar, porque los dos son hijos del obispo del lugar, así como El Pueblo Inocente (1934), del michoacano José Rubén Romero (el autor de La vida inútil de Pito Pérez), que hace referencia a las correrías amorosas del cura de un pueblo.



Pero todas esas denuncias decimonónicas, que conmovieron a la sociedad de aquella época, palidecen ante los hechos descritos en años recientes por los exdiscípulos de Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, a quien se acusa de haber abusado sexualmente de varios adolescentes, a mediados del siglo pasado. Uno de ellos, Alejandro Espinosa, escribió el libro El Legionario, donde relata cómo Maciel usaba del engaño y las presiones para abusar de sus seminaristas, con una voracidad sexual y una capacidad de engaño que rivaliza con casos como el de Aguilar Rivera.



Asimismo, Tepatitlán, Jalisco, que es uno de los principales santuarios cristeros, ha sido escenario de los abusos sexuales del sacerdote estadounidense Charles Theodore Murr Letourneau, contra niños huérfanos en una Casa Hogar que fundó en 1987. Sobra decir que el pederasta fue protegido por sus superiores.

Desde luego, resulta por demás odioso el contraste entre la severidad de la jerarquía hacia las mujeres que abortan, a quienes declaran excomulgadas, y quieren encarcelar, incluso si su embarazo fue producto de una violación, frente a su indulgencia e incluso a su complicidad con los curas que cometen abusos con todas las agravantes éticas y religiosas: con menores de edad, y además, con prácticas homosexuales, que la moral del clero considera intrínsecamente aberrantes.