La PGR y la CNDH, clericales

Aborto:
La CNDH y la PGR al servicio del clero
Edgar González Ruiz


La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría Nacional de la República están al servicio de la jerarquía católica, de tal suerte que mediante pretextos y artificios legales tratan de evitar la despenalización del aborto vigente en la ciudad de México desde el pasado 26 de abril pasado.
Se han puesto así del lado del fanatismo religioso contra los derechos de las mujeres y contra los valores y actitudes prevalecientes en la capital, pero la derechización de esas dependencias tiene sus antecedentes en el periodo de Salinas de Gortari.
Por parte de la PGR cabe recordar que al inicio del periodo de Zedillo, como herencia del Salinismo y de la candidatura presidencial de Ernesto Zedillo, el panista Antonio Lozano Gracia fungió como titular de esa dependencia.
Inmediatamente, Lozano comenzó a promover los intereses de grupos conservadores, firmando con la Unión Nacional de Padres de Familia un convenio que covirtió a ese grupo ultraderechista en colaborador de la PGR.
En su versión original, que no fue aprobada, el documento establecía que la PGR llevaría a cabo redadas en centros de diversiones a petición de la Unión, grupo extremista fundado en 1917 para oponerse a la educación laica.
Pero, sea como sea, la UNPF fue reconocida como "colaboradora" de la PGR, que estableció otro acuerdo similar con el Centro Cívico de Solidaridad, Cecisol, fundado por el poderoso empresario católico José Barroso Chávez, miembro de los Caballeros de Malta.
Asimismo, se trataron de impulsar desde la PGR proyectos antiabortistas del corte de los Centros de Ayuda a la Mujer, de Provida, además de que la influencia clerical se hizo presente con la promoción de los "valores", de inspiración religiosa, en esa institución.
A la postre, Lozano Gracia fue destituido por Zedillo en 96, luego de haber dejado una estela de ineficiencia, abusos y corrupcion, que motivó señalamientos de sus relaciones con el narco.
Sin embargo, a partir del 2000 la derecha católica volvió a apoderarse de la Procuraduría, al grado de que hoy hace el papel de abogado de una jerarquía religiosa cuyas posiciones son cada vez más impopulares, especialmente en la capital, por lo que trata por todos los medios de que las instancias clericales de otras zonas de la República intervengan en los asuntos que conciernen a la ciudad de México.
El expresidente Salinas, aliado histórico del clero y del PAN también está desarrollando una lucha a muerte con los sectores liberales y progresistas de México, pues en vísperas de la visita de Felipe Calderón a Benedicto XVI lanzó la acusación arbitraria y ridícula de que la masonería había atentado contra el cardenal Posadas en 1993.
En realidad, como todos sabemos, Salinas tenía los hilos del poder y del narco en un perido sangriento y regresivo de la historia de México, donde el asesinato de Posadas fue sólo el inicio de una serie sangrienta de violencia política que culminó con los asesinatos del entonces candidato priísta a la presidencia y del dirigente nacional de ese partido.
Con la perversidad que lo caracteriza, Salinas pretende a la vez librarse de su responsabilidad criminal, insinuada incluso por su propia exesposa, Cecilia Occelli, asi como ayudar al clero indirectamente atacando a la masonería, un sector por él odiado, y que ha sido promotor del progreso y de la libertad en México, al grado de que a ella pertenecieron Benito Juárez y Lázaro Cárdenas, entre otros.
La derechización de la CNDH comenzó por lo menos desde noviembre de 1999, con el nombramiento al frente de ella de José Luis Soberanes, destacado jurista que ya en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM se había dado a conocer como simpatizante de grupos conservadores católicos, a los que en ese momento decepcionó incorporando entre sus colaboradores a varias personas comprometidas con la lucha por el respeto a la diversidad sexual y religiosa.
Pero con la permanencia de la derecha en el poder, Soberanes está exhibiendo ya sin recato no sólo sus raíces ideológicas sino su política arribista y falta de escrúpulos.
Luego de su tan criticada actitud de soslayar las dramáticas violaciones de militares contra los derechos humanos en el caso de la anciana indíigena Ernestina Ascensión, ahora hace el papel de leguleyo al servicio de la Arquidiócesis de México, buscando pretextos para anular la despenalización del aborto, a fin de que por voluntad del clero las leyes sigan persiguiendo a las mujeres que abortan.
Al actuar contra la salud y la vida de las mujeres, ambas dependencias apelan a la infantil excusa de que pueden encontrar algún resquicio jurídico para invalidar la reforma aprobada en la capital, como cuando un abogado se pone a encontrar huecos legales que beneficien a su cliente, que en ese caso es la jerarquía católica y en particular el cuestionado Norberto Rivera, quien también tiene colocado a otro de sus servidores, Bernardo Fernández del Castillo, como director jurídico de la Secretaría de Salud.
Pero el desenlace del debate sobre el aborto dependerá no sólo del juego político, de las negociaciones y de la capacidad de respuesta del PRD y de grupos feministas, sino ante todo, como se ha evidenciado en los últimos años, de la decisión, valor civil y capacidad de movilización de la sociedad.