Estrategias derechistas

La derecha en el poder:
Ataques mediáticos
Edgar González Ruiz

Desde el poder, la derecha ha brindado impunidad a empresarios, políticos y dirigentes afines a ella, a la vez que sistemáticamente ha usado información privilegiada para golpear a la izquierda y al PRI.
Ese uso sectario de la información, que va unido a la influencia del gobierno sobre los medios, se ha acentuado a partir de la llegada de Carlos Abascal, y luego de Ramírez Acuña a la Segob.
Personajes cuestionados como Fox y Marta Sahagún, y como Jorge Serrano Limón, entre muchos otros, se han beneficiado con esa estrategia, que a la vez genera cotidianamente ataques contra los opositores del gobierno.

El “gober” y el “tangas”
Hace un año, en febrero de 2006, el asunto en boga en los medios nacionales era la divulgación de las escandalosas conversaciones telefónicas del gobernador de Puebla, Mario Marín, con el empresario Kamel Nacif,
Se desató, justificadamente, un movimiento social para exigir la renuncia del funcionario, pero muchos pasaron por alto la sospechosa circunstancia de la filtración misma de esa información confidencial con la posible participación de la Segob, que bajo la gestión de Abascal comenzó a exhibir cada vez más abiertamente la tendencia a usar esa estrategia gangsteril siempre contra la oposición, nunca contra los funcionarios panistas.
Con toda probabilidad, no son menos alarmantes las conversaciones privadas de las maquinaciones del propio Carlos Abascal, de Salazar Sáenz, Vicente Fox, Marta Sahagún, Manuel Espino, etc., pero todos ellos, a diferencia de Marín, se han beneficiado de una impunidad facciosa.
Es una paradoja que el propio Abascal haya tenido en sus manos el control de la información política confidencial, pese a que él mismo ha sido señalado como miembro del Yunque y grupos similares que recurren a la infiltración, al espionaje y a la agresión, y que por lo tanto debiera ser vigilado por los cuerpos de seguridad en lugar de estar al mando de ellos.
Incluso en el plano, importantísimo, de la información histórica, dicho personaje ha tenido el control de los acervos confidenciales de lo que fue la DFS, ahora a cargo del AGN, que al igual que el Cisen depende de la Segob. Pero resulta que en esos acervos hay abundantes datos acerca de la historia política del propio Abascal y de su familia, que no se ha hecho accesible a la sociedad mexicana, a pesar de lo mucho que podría esclarecer acerca de quiénes nos han estado gobernando.
La tendencia que se exhibió en el caso de Marín, de usar la información confidencial para golpear a la oposición, se manifestó también en los turbulentos procesos electorales en Jalisco, donde públicamente se denunció la actividad de agentes de Gobernación en acciones para dañar la imagen del candidato priísta a la gubernatura, que inicialmente llevaba una amplia ventaja, mediante una campaña difamatoria por parte del blanquiazul, que incluyó spots, publicaciones en periódicos, seudoencuestas telefónicas, etc.
Protagonista de esos hechos, además de Abascal, fue precisamente su sucesor en Bucareli, el entonces gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña.
Pero lo ocurrido en esa entidad no fue un caso aislado, pues en la época electoral la Segob desarrollo el proyecto Escudo de la Democracia, precisamente para vigilar a la oposición que amenazaba la permanencia de la derecha en el poder.
Otro de los involucrados en la guerra sucia, mediante la fabricación de encuestas favorables al PAN, Guillermo Valdéz Castellanos, ha pasado a ser titular del Cisen, dependencia cuya actividad fiscalizadora contra la oposición se hace patente cotidianamente.
Los riesgos y posibilidades del manejo discrecional de la información confidencial han salido a la luz a principios de febrero con motivo de un conflicto conyugal en Tamaulipas, donde un funcionario del Cisen, Martín Carlos Galván, ha usado la intervención telefónica y varios recursos intimidatorios contra su esposa, Ana García, quien ha dicho: “él está usando recursos del CISEN porque tiene intervenido mi teléfono“.
Es demasiado ingenuo creer que los agentes y funcionarios de esa y otras dependencias oficiales no usan todos los recursos a su alcance para perjudicar a la oposición y beneficiar a la derecha en el poder, mediante el manejo selectivo de la información y de los recursos legales.
Tan solo en las últimas semanas, la derecha, apoyada por algunos medios, y por voceros del oficialismo, ha lanzado ataques contra Alejandra Barrales, por la compra de una avioneta con valor de 20 mil dólares y contra Félix Salgado Macedonio, alcalde de Acapulco. Hace unos días, Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, aseguró que la PGR investigaba a Salgado Macedonio para determinar si tenía algún nexo con el narcotráfico, y luego se retractó, diciendo que en realidad sólo se investigaban algunas amenazas que el perredista había recibido.
Pero el supuesto error deja la impresión de que hubo un uso deliberado de una conocido truco del lenguaje que consiste precisamente en dañar la imagen de alguien “equivocándose” al referirse a su persona en asuntos delicados, para luego quedar a salvo mediante una disculpa.
En contraste con las constantes acusaciones e indagaciones contra personajes de la izquierda y el PRI, las dependencias encargadas de la seguridad de todos los mexicanos y de la impartición de justicia no muestran interés por investigar abusos e ilicitos, por grandes que sean, cuando son cometidos por los panistas que han ejercido el poder.
En esos casos, que incluyen los de Fox y Sahagún y el del gobernador de Aguascalientes, Armando Reynoso Femat, entre muchos otros, han sido las indagaciones laboriosas de algunos periodistas, o los propios conflictos entre derechistas, los que han sacado a relucir los hechos, mientras que desde el poder de brinda impunidad a quienes incurren en los grandes desfalcos y arbitrariedades, si pertenecen al PAN, o a la jerarquía católica.
Por eso, Norberto Rivera ha encontrado la colaboración de la Segob para reprimir a los abogados que investigan su complicidad con curas pederastas, mientras que el cardenal Juan Sandoval Iñiguez es considerado el verdadero poder detrás de Ramírez Acuña, siempre dispuesto a besarle la mano ante las cámaras de los reporteros.
Otro ejemplo de la protección mediática y legal que la derecha ofrece a sus militantes es el de Jorge Serrano Limón, presidente de Provida, quien ha sido exonerado de las acusaciones en su contra por haber desviado recursos públicos para fines particulares, mientras que los panistas procuran que la opinión pública no tenga información crítica contra el gobierno y contra los grupos ultraderechistas y por el contrario se concentre en seguir los ataques contra la izquierda hasta llegar a compartir las actitudes que difunden los medios oficialistas y los periodistas de consigna.
En el plano internacional, desde el sexenio de Fox, el Cisen y otras dependencias han experimentado la misma derechización que en los asuntos nacionales, adoptando las líneas dictadas por Estados Unidos para identificar amigos y adversarios, de tal suerte que el gobierno mexicano ha pasado a ser decididamente anticastrista y antichavista, y al Cisen le alarma una pretendida amenaza de Al Qaeda, pero al parecer no le interesa el peligro terrorista que representan los anticastristas que militan en la ODCA y que han estado cada vez más activos en México. Asimismo, esa amenaza, difundida y magnificada por el Cisen, ha servido como pretexto para avanzar en la militarización del país, alegando la necesidad de resguardar las instalaciones de PEMEX.