Hildebrando y su padre en Proceso
Arriesgada apuesta del “cuñado incómodo”
jorge carrasco araizaga
México, D.F., 9 de junio (apro).- El “cuñado incómodo”, Diego Hildebrando Zavala Gómez del Campo, hizo una apuesta riesgosa al demandar por daño moral al candidato presidencial de la coalición “Por el bien de todos”, Andrés Manuel López Obrador.
Zavala acudió al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), donde su padre es magistrado, para interponer una demanda civil en un intento de desacreditar las acusaciones de tráfico de influencias a favor de Hildebrando SA de CV, empresa de la que es socio.
Hermano de Margarita Zavala, esposa del candidato presidencial del PAN, Felipe Calderón, el empresario acudió a los tribunales civiles del Distrito Federal por considerar que las revelaciones hechas por el tabasqueño en el debate presidencial del pasado martes 6 de junio le causaron daño no sólo a él, sino a su familia, su empresa y la relación con sus socios y clientes.
Debido a que el padre del demandante es el magistrado Diego Heriberto Zavala Pérez, presidente de la Octava Sala de lo Civil del TSJDF, el juez que instruya el juicio estará sometido a una puntual revisión de sus actuaciones, tanto de las instancias superiores del Tribunal como de los medios de comunicación.
Al mismo tiempo, el juzgador de primera instancia podrá verse limitado en sus criterios jurídicos para acreditar la supuesta ilicitud del exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, en virtud de una reciente modificación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a la legislación local en materia de daño moral.
El pasado 19 de mayo se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el decreto de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, Honor y la Propia Imagen en la capital del país, por la que se derogaron la difamación y la calumnia como conductas penales.
Concebida para favorecer a los periodistas, la ley sin embargo dejó sin asidero jurídico para las demandas por daño moral entre particulares, como es el caso entre López Obrador y Diego Hildebrando Zavala.
Entre otras disposiciones, la ALDF determinó que “no estará obligado a la reparación del daño moral quien ejerza sus derechos de opinión, crítica, expresión e información, en los términos y con las limitaciones de los artículos Sexto y Séptimo de la Constitución General de la República”.
Con esa determinación, en la contestación de la demanda López Obrador podrá argumentar que al hacer públicas las relaciones de la empresa con el gobierno de Fox, en especial cuando Calderón estuvo al frente de la Secretaría de Economía, ejerció su derecho constitucional de expresión e información sin la intención de atacar la moral de nadie, sino más bien, en beneficio del interés público.
Antes del debate presidencial, la empresa Hildebrando SA de CV, especializada en soporte de computación, ya era objeto de suspicacias porque en mayo pasado trascendió que fue beneficiada con contratos para manejar, procesar y “geo-referenciar” los padrones de los beneficiarios de programas de la Secretaría de Desarrollo Social.
En la práctica, significa que el PAN tiene perfectamente ubicados a los beneficiarios de los programas sociales del gobierno de Vicente Fox. Hildebrando obtuvo esos contratos cuando la titular de Sedesol era Josefina Vásquez Mota, actual coordinadora de la campaña presidencial de Calderón.
Más todavía, esa empresa fue la responsable, apoyada por Oracle de México, de implantar en el Instituto Federal Electoral (IFE) la base de datos que administrará el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) en las elecciones del 2 de julio, lo que ha provocado desconfianzas no sólo entre los partidos de oposición, sino entre los especialistas en computación.
Con la decisión de Zavala de llevar a los tribunales la campaña electoral, se somete desde ahora a los vaivenes políticos. Si su apuesta es al triunfo de Calderón, la demanda podrá verse favorecida si las instancias judiciales que resuelvan quieren quedar bien con el eventual presidente, como ocurrió en una primera instancia en el caso de la demanda de daño moral de Marta Sahagún contra Proceso y la periodista Olga Wornat; pero si López Obrador gana, Zavala seguiría la suerte de los hermanos Bribiesca, señalados también por tráfico de influencias en su condición de hijos de la esposa del presidente Vicente Fox.
Llama la atención que el “cuñado incómodo” no haya solicitado “por el momento” una indemnización para reparar el daño al momento de presentar su demanda. El Código Civil para el Distrito Federal señala que para establecer la reparación del daño, el juez debe tomar en cuenta la magnitud del daño y la situación patrimonial, tanto del demandado como del demandante.
De ser así y si se estableciera que López Obrador cometió daño moral, entonces a través de la resolución judicial la opinión pública podría conocer las cuentas reales de la persona moral Hildebrando, que son las que están precisamente en controversia entre lo dicho por el candidato presidencial del PRD y el demandante.
Esas cuentas tendrían que incluir, desde luego, los beneficios obtenidos por los contratos gubernamentales hechos públicos por López Obrador.
El escenario para el cuñado de Calderón se puede complicar si deriva en demandas penales en el caso de que se acrediten irregularidades, como el tráfico de influencias y la evasión de impuestos.
Por cierto, no es la primera vez que un miembro de la familia política de Calderón Hinojosa pisa los tribunales de justicia. En Tlanepantla, Estado de México, se abrió en 2003 la averiguación previa Tla/MR/I/188/2003-02, por un alegado uso de recursos públicos en la instalación de una toma de agua en el rancho San José.
El rancho es propiedad de Mercedes Gómez del Campo y Diego Heriberto Zavala Pérez, el magistrado que ahora está pendiente del curso que tome la demanda de su hijo en los tribunales.
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A esta nota de Proceso cabe añadir que el suegro de Fecal se vio involucrado hace pocas semanas en otro problema que noha recibido en los medios la atención debida. El reportero Carlos Aguila, de Quehacer Político y un fotógrafo de ese medio, fueron balaceados (por fortuna, sin resultar lesionados) por personal al servicio del mencionado Suegro, cuando acudieron a su rancho a recabar información sobre el mencionado caso de tráfico de influencias.
jorge carrasco araizaga
México, D.F., 9 de junio (apro).- El “cuñado incómodo”, Diego Hildebrando Zavala Gómez del Campo, hizo una apuesta riesgosa al demandar por daño moral al candidato presidencial de la coalición “Por el bien de todos”, Andrés Manuel López Obrador.
Zavala acudió al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), donde su padre es magistrado, para interponer una demanda civil en un intento de desacreditar las acusaciones de tráfico de influencias a favor de Hildebrando SA de CV, empresa de la que es socio.
Hermano de Margarita Zavala, esposa del candidato presidencial del PAN, Felipe Calderón, el empresario acudió a los tribunales civiles del Distrito Federal por considerar que las revelaciones hechas por el tabasqueño en el debate presidencial del pasado martes 6 de junio le causaron daño no sólo a él, sino a su familia, su empresa y la relación con sus socios y clientes.
Debido a que el padre del demandante es el magistrado Diego Heriberto Zavala Pérez, presidente de la Octava Sala de lo Civil del TSJDF, el juez que instruya el juicio estará sometido a una puntual revisión de sus actuaciones, tanto de las instancias superiores del Tribunal como de los medios de comunicación.
Al mismo tiempo, el juzgador de primera instancia podrá verse limitado en sus criterios jurídicos para acreditar la supuesta ilicitud del exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, en virtud de una reciente modificación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a la legislación local en materia de daño moral.
El pasado 19 de mayo se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el decreto de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, Honor y la Propia Imagen en la capital del país, por la que se derogaron la difamación y la calumnia como conductas penales.
Concebida para favorecer a los periodistas, la ley sin embargo dejó sin asidero jurídico para las demandas por daño moral entre particulares, como es el caso entre López Obrador y Diego Hildebrando Zavala.
Entre otras disposiciones, la ALDF determinó que “no estará obligado a la reparación del daño moral quien ejerza sus derechos de opinión, crítica, expresión e información, en los términos y con las limitaciones de los artículos Sexto y Séptimo de la Constitución General de la República”.
Con esa determinación, en la contestación de la demanda López Obrador podrá argumentar que al hacer públicas las relaciones de la empresa con el gobierno de Fox, en especial cuando Calderón estuvo al frente de la Secretaría de Economía, ejerció su derecho constitucional de expresión e información sin la intención de atacar la moral de nadie, sino más bien, en beneficio del interés público.
Antes del debate presidencial, la empresa Hildebrando SA de CV, especializada en soporte de computación, ya era objeto de suspicacias porque en mayo pasado trascendió que fue beneficiada con contratos para manejar, procesar y “geo-referenciar” los padrones de los beneficiarios de programas de la Secretaría de Desarrollo Social.
En la práctica, significa que el PAN tiene perfectamente ubicados a los beneficiarios de los programas sociales del gobierno de Vicente Fox. Hildebrando obtuvo esos contratos cuando la titular de Sedesol era Josefina Vásquez Mota, actual coordinadora de la campaña presidencial de Calderón.
Más todavía, esa empresa fue la responsable, apoyada por Oracle de México, de implantar en el Instituto Federal Electoral (IFE) la base de datos que administrará el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) en las elecciones del 2 de julio, lo que ha provocado desconfianzas no sólo entre los partidos de oposición, sino entre los especialistas en computación.
Con la decisión de Zavala de llevar a los tribunales la campaña electoral, se somete desde ahora a los vaivenes políticos. Si su apuesta es al triunfo de Calderón, la demanda podrá verse favorecida si las instancias judiciales que resuelvan quieren quedar bien con el eventual presidente, como ocurrió en una primera instancia en el caso de la demanda de daño moral de Marta Sahagún contra Proceso y la periodista Olga Wornat; pero si López Obrador gana, Zavala seguiría la suerte de los hermanos Bribiesca, señalados también por tráfico de influencias en su condición de hijos de la esposa del presidente Vicente Fox.
Llama la atención que el “cuñado incómodo” no haya solicitado “por el momento” una indemnización para reparar el daño al momento de presentar su demanda. El Código Civil para el Distrito Federal señala que para establecer la reparación del daño, el juez debe tomar en cuenta la magnitud del daño y la situación patrimonial, tanto del demandado como del demandante.
De ser así y si se estableciera que López Obrador cometió daño moral, entonces a través de la resolución judicial la opinión pública podría conocer las cuentas reales de la persona moral Hildebrando, que son las que están precisamente en controversia entre lo dicho por el candidato presidencial del PRD y el demandante.
Esas cuentas tendrían que incluir, desde luego, los beneficios obtenidos por los contratos gubernamentales hechos públicos por López Obrador.
El escenario para el cuñado de Calderón se puede complicar si deriva en demandas penales en el caso de que se acrediten irregularidades, como el tráfico de influencias y la evasión de impuestos.
Por cierto, no es la primera vez que un miembro de la familia política de Calderón Hinojosa pisa los tribunales de justicia. En Tlanepantla, Estado de México, se abrió en 2003 la averiguación previa Tla/MR/I/188/2003-02, por un alegado uso de recursos públicos en la instalación de una toma de agua en el rancho San José.
El rancho es propiedad de Mercedes Gómez del Campo y Diego Heriberto Zavala Pérez, el magistrado que ahora está pendiente del curso que tome la demanda de su hijo en los tribunales.
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A esta nota de Proceso cabe añadir que el suegro de Fecal se vio involucrado hace pocas semanas en otro problema que noha recibido en los medios la atención debida. El reportero Carlos Aguila, de Quehacer Político y un fotógrafo de ese medio, fueron balaceados (por fortuna, sin resultar lesionados) por personal al servicio del mencionado Suegro, cuando acudieron a su rancho a recabar información sobre el mencionado caso de tráfico de influencias.
posted by Edgar González Ruiz at 2:14 PM
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