El PAN contra el estado laico
Ponencia presentada en el Foro Intereligioso, Hotel Fiesta Americana, ciudad de México, 7 de diciembre de 2006.
La derecha y el laicismo
Edgar González Ruiz
Agradezco a los organizadores de este foro su invitación a comentar algunos proyectos que hoy en día se oponen a la separación del estado y las iglesias, es decir al estado laico.
Voy a hacerlo partiendo del tema que he venido estudiando, que es la derecha católica en México y en otros países de América Latina, y de la pregunta: ¿por qué la derecha en el poder está buscando reformas constitucionales en materia religiosa?.
Dada la alianza tradicional del PAN con la jerarquía católica, amparándose en la bandera de la libertad religiosa, y con los recursos que otorga el poder, la derecha que nos gobierna busca implantar reformas que permitan ante todo la mayor injerencia del clero en la vida política e institucional.
La fórmula que pretende implantarse es la sustitución, en el artículo 24 constitucional , de la libertad de cultos y creencias, que es estrictamente individual y que rige por igual para creyentes y no creyentes, por la llamada libertad religiosa, que permite establecer privilegios corporativos para algunas iglesias, en ámbitos como la educación pública, la participación política, la milicia y el acceso a medios electrónicos, entre otros .
Como consigna, esa pretendida libertad es muy antigua y puede coexistir con el totalitarismo católico, con la exclusión de otras opciones religiosas, como ejemplifica el hecho de que en los años 20 y 30 las huestes cristeras estaban encabezadas por la llamada Liga Nacional de Defensa de la Libertad Religiosa.
Hoy en día, ante la imposibilidad de anular esa pluralidad, la jerarquía católica ha buscado compartir, en alguna medida, su papel privilegiado ante el estado con algunas otras iglesias que considera con influencia y tradición.
Como sabemos, luego de la elección de 1988, muy cuestionada, pero menos, sin duda, que los comicios de este año, Carlos Salinas buscó legitimar su gobierno con el apoyo de la jerarquía católica, del PAN, de empresarios y grupos conservadores.
Fruto de esa coyuntura fueron las reformas constitucionales que si bien respondieron a demandas históricas de ese partido y de la jerarquía, también tuvieron como resultado el reconocimiento de la pluralidad religiosa encarnada en miles de asociaciones, ARs.
En el juego político, esa alianza propició la llegada al poder de personajes de tendencias teocráticas que con ellas comenzaron a gobernar en estados y municipios y luego en el nivel federal, hasta llegar, ya en la época actual, a casos como los de Carlos Abascal y su sucesor Francisco Ramírez Acuña, plenamente identificados con los intereses clericales.
Activa promotora del ascenso de la derecha al poder, la jerarquía ha considerado insuficientes las reformas salinistas y el PAN se ha esforzado por ampliarlas, con intentos como el llamado decálogo de Fox, que este difundió durante su campaña, y que contemplaba con formulaciones eufemísticas aspectos como la política antiaborto, la educación religiosa, así como el acceso a medios y a instituciones hospitalarias, entre otros.
El proyecto topó con resistencias sociales que Fox no pudo o no quiso enfrentar, a lo cual pudo haber contribuido su propia desorientación ideológica, pero Felipe Calderón si tiene un compromiso más claro con las raíces católicas de su partido, como lo prueba su interés manifiesto en apoyar la llamada libertad religiosa, que es el camino de la Iglesia para recuperar los privilegios que le arrebataron las leyes de Reforma y la Revolución de 1910.
Esos procesos dieron como resultado la separación estricta entre el Estado y el clero católico, así como la igualdad de las iglesias ante la ley, y el respeto de estas hacia los no creyentes, que lejos de ser un rasgo generalizado en Hispanoamérica es una excepción, pues a la fecha sólo México, Cuba y Nicaragua la mantienen en sus marcos jurídicos.
En los demás países si bien se reconoce la libertad de cultos, hay un trato de privilegio hacia el clero o, abiertamente, una subordinación del Estado a la jerarquía católica , lo que, dependiendo de las diferentes realidades nacionales, se traduce en hechos que en México prácticamente no hemos conocido durante mucho tiempo: la injerencia legal del clero en los cuerpos represivos, la imposibilidad para divorciarse, para llevar a cabo incluso las más tímidas políticas de población no aprobadas por la Iglesia, e incluso para la crítica y la disidencia religiosa, así como el establecimiento de concordatos con el Vaticano y el otorgamiento de salarios, exenciones y de muchos otros privilegios para el clero.
A lo largo de este sexenio ya hemos empezado a vivir episodios de esa naturaleza, que son hasta cotidianos en algunos otros países, como la persecución de críticos del clero por parte del gobierno, y la pública sumisión de los funcionarios a los lineamientos, proyectos y figuras clericales.
Sin embargo, las iglesias que no buscan la hegemonía política ni la obtención de privilegios, que valoran los derechos de todos, creyentes y no creyentes, y que quieren ser reconocidas en un plano de igualdad con las demás confesiones, tienen en el estado laico el respeto al derecho ajeno que es garantía de paz.
La derecha y el laicismo
Edgar González Ruiz
Agradezco a los organizadores de este foro su invitación a comentar algunos proyectos que hoy en día se oponen a la separación del estado y las iglesias, es decir al estado laico.
Voy a hacerlo partiendo del tema que he venido estudiando, que es la derecha católica en México y en otros países de América Latina, y de la pregunta: ¿por qué la derecha en el poder está buscando reformas constitucionales en materia religiosa?.
Dada la alianza tradicional del PAN con la jerarquía católica, amparándose en la bandera de la libertad religiosa, y con los recursos que otorga el poder, la derecha que nos gobierna busca implantar reformas que permitan ante todo la mayor injerencia del clero en la vida política e institucional.
La fórmula que pretende implantarse es la sustitución, en el artículo 24 constitucional , de la libertad de cultos y creencias, que es estrictamente individual y que rige por igual para creyentes y no creyentes, por la llamada libertad religiosa, que permite establecer privilegios corporativos para algunas iglesias, en ámbitos como la educación pública, la participación política, la milicia y el acceso a medios electrónicos, entre otros .
Como consigna, esa pretendida libertad es muy antigua y puede coexistir con el totalitarismo católico, con la exclusión de otras opciones religiosas, como ejemplifica el hecho de que en los años 20 y 30 las huestes cristeras estaban encabezadas por la llamada Liga Nacional de Defensa de la Libertad Religiosa.
Hoy en día, ante la imposibilidad de anular esa pluralidad, la jerarquía católica ha buscado compartir, en alguna medida, su papel privilegiado ante el estado con algunas otras iglesias que considera con influencia y tradición.
Como sabemos, luego de la elección de 1988, muy cuestionada, pero menos, sin duda, que los comicios de este año, Carlos Salinas buscó legitimar su gobierno con el apoyo de la jerarquía católica, del PAN, de empresarios y grupos conservadores.
Fruto de esa coyuntura fueron las reformas constitucionales que si bien respondieron a demandas históricas de ese partido y de la jerarquía, también tuvieron como resultado el reconocimiento de la pluralidad religiosa encarnada en miles de asociaciones, ARs.
En el juego político, esa alianza propició la llegada al poder de personajes de tendencias teocráticas que con ellas comenzaron a gobernar en estados y municipios y luego en el nivel federal, hasta llegar, ya en la época actual, a casos como los de Carlos Abascal y su sucesor Francisco Ramírez Acuña, plenamente identificados con los intereses clericales.
Activa promotora del ascenso de la derecha al poder, la jerarquía ha considerado insuficientes las reformas salinistas y el PAN se ha esforzado por ampliarlas, con intentos como el llamado decálogo de Fox, que este difundió durante su campaña, y que contemplaba con formulaciones eufemísticas aspectos como la política antiaborto, la educación religiosa, así como el acceso a medios y a instituciones hospitalarias, entre otros.
El proyecto topó con resistencias sociales que Fox no pudo o no quiso enfrentar, a lo cual pudo haber contribuido su propia desorientación ideológica, pero Felipe Calderón si tiene un compromiso más claro con las raíces católicas de su partido, como lo prueba su interés manifiesto en apoyar la llamada libertad religiosa, que es el camino de la Iglesia para recuperar los privilegios que le arrebataron las leyes de Reforma y la Revolución de 1910.
Esos procesos dieron como resultado la separación estricta entre el Estado y el clero católico, así como la igualdad de las iglesias ante la ley, y el respeto de estas hacia los no creyentes, que lejos de ser un rasgo generalizado en Hispanoamérica es una excepción, pues a la fecha sólo México, Cuba y Nicaragua la mantienen en sus marcos jurídicos.
En los demás países si bien se reconoce la libertad de cultos, hay un trato de privilegio hacia el clero o, abiertamente, una subordinación del Estado a la jerarquía católica , lo que, dependiendo de las diferentes realidades nacionales, se traduce en hechos que en México prácticamente no hemos conocido durante mucho tiempo: la injerencia legal del clero en los cuerpos represivos, la imposibilidad para divorciarse, para llevar a cabo incluso las más tímidas políticas de población no aprobadas por la Iglesia, e incluso para la crítica y la disidencia religiosa, así como el establecimiento de concordatos con el Vaticano y el otorgamiento de salarios, exenciones y de muchos otros privilegios para el clero.
A lo largo de este sexenio ya hemos empezado a vivir episodios de esa naturaleza, que son hasta cotidianos en algunos otros países, como la persecución de críticos del clero por parte del gobierno, y la pública sumisión de los funcionarios a los lineamientos, proyectos y figuras clericales.
Sin embargo, las iglesias que no buscan la hegemonía política ni la obtención de privilegios, que valoran los derechos de todos, creyentes y no creyentes, y que quieren ser reconocidas en un plano de igualdad con las demás confesiones, tienen en el estado laico el respeto al derecho ajeno que es garantía de paz.
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El llanto de la UNAM por el dinero
Juan Pablo Roiz Decía mi abuelo que con pelmazos no hay que bañarse porque se pierde el jabón. Es cierto. Bastó con que un tonto con balcones a la calle, un tonto de catálogo (de esos que deberían aparecer en cualquier catálogo o diccionario como ilustración paradigmática de lo que es un tonto), que es el diputado panista que preside la Comisión de Presupuesto, dijese una sandez acerca del sistema de calificaciones en la UNAM –exabrupto que no venía el caso cuando lo que se discute es el subsidio federal a esa universidad- para que el rector de la “maximísima” casota de estudios se vistiera de víctima agraviada y exigiese, con voz tronante, más dinero público.
(Nota, sólo para documentar nuestra desazón: Ese tonto de antología llegó a diputado del PAN y a presidente de esa comisión clave invitado por, ¿a qué no saben quién?, ¡bingo!, le atinaron: Manuel Espino Barrientos).
Poder fáctico poderoso, entre varios más, la UNAM representada por su rector ha explotado a placer en los medios de comunicación la tontería del diputado primerizo. El objetivo: Dinero, dinero público, más dinero público.
Hagamos cuentas, porque los números que dispara la UNAM –nunca mejor aplicado el verbo disparar- son tramposos y exagerados intencionalmente. Primero, es falso de toda falsedad que la disminución en el subsidio federal planteada para 2007 sea de 900 millones de pesos. Es, apenas, de 123.6 millones de pesos como puede comprobar quien revise el proyecto de presupuesto de egresos para 2007 donde dice que el subsidio federal sería de 16 mil 714 millones 886 mil 590 pesos y lo compare con el presupuesto aprobado por los diputados para 2006, donde señala claramente que el subsidio federal asignado a la UNAM este año es de 16 mil 838 millones 524 mil 984 pesos. La diferencia, entonces, es de sólo 123 millones 638 mil 394 pesos. Que se haga tanto escándalo por una cantidad que es menor, sin duda, a la nómina del equipo de futbol soccer de esa universidad resulta patético. Que nadie, de entre los sesudos periodistas que han pontificado sobre el asunto, y sacado a relucir su corazoncito “puma”, se haya tomado la molestia de acudir a las fuentes para hacer esta comparación nos habla a las claras de la calidad intelectual, y moral, de nuestros “líderes de opinión”.
Lo que pasa, explican algunos, es que la UNAM pelea por un aumento sobre el subsidio efectivamente recibido en 2006, que a la postre resultó superior al aprobado originalmente (porque tuvimos un año excepcionalmente afortunado para las finanzas públicas, gracias a los altos precios del petróleo y a otros excedentes que logró el fisco a través de la recaudación, dado que el crecimiento económico fue mayor a lo previsto). Pues, ni con esas aparecen los dichosos 900 millones. Veamos, en la página de transparencia de la UNAM dice que el subsidio del gobierno federal para 2006 será de 17 mil 149 millones 201 mil pesos. La diferencia entre eso y lo presupuestado para 2007 es de 434 millones 314 mil 100 pesos. Nos siguen tomando el pelo. Y por partida doble, porque no sólo inventan cifras, sino que es absurdo pedir que todos los años nos saquemos la lotería y que presupuestemos como si todos los años vayan a ser de vacas no sólo gordas, sino superdotadas.
La pelea por más dinero público la tenía perdida la UNAM en el terreno de las buenas razones y de las cifras auténticas, pero tuvo que aparecer el dichoso tonto de capirote y la disputa se trasladó –muy lopezobradoristamente- del terreno de los hechos y la objetividad, al terreno de los agravios fingidos y los chantajes emocionales. Ahí, por extraño que parezca, el rector unamita está en su mero mole, como avezado político extractor de presupuestos.
Lo único que quedaría es tratar de volver al terreno de los numeritos fríos y de las razones. ¿Sabía usted que gastamos casi cinco veces más dinero público por cada alumno de la UNAM que por cada alumno de primaria? ¿Ha considerado usted que dado que la UNAM está entre las mejores 100 universidades del mundo, cualquiera de sus alumnos podría ser sujeto de un crédito educativo –como existen en cientos de universidades públicas y privadas del mundo- dado que podrá pagar por la educación que recibió más que holgadamente una vez que termine la carrera y se incorpore al mundo del trabajo remunerado?, ¿dónde están los cientos de miles de exitosos egresados de la UNAM, pumas de corazoncito y alma, que podrían aportar como mínimo agradecimiento a su casota de estudios, unos veinte o treinta mil pesos por cabeza para juntar los 900 millones extras que quiere el rector unamita?
Y otra pregunta incómoda, ¿no debería la UNAM, que vive prácticamente del presupuesto federal –dado que sus ingresos propios no llegan ni al 12 por ciento de lo que recibe de subsidio- sumarse al programa de austeridad del gobierno?, ¿no podrán juntar los milloncitos que les faltan para tener lo mismo que les ofrecieron el año pasado –123 millones para ser exactos-, bajándole 10% a los sueldos de los 18 funcionarios más importantes de la casota de estudios –del secretario del consejo de planeación al señor rector que perciben sueldos equivalentes a los de secretarios o subsecretarios de Estado- y sobre todo bajándole al gasto en celulares, automóviles, choferes, viáticos, viajes, papelería, electricidad, comidas de trabajo, fotocopias, anuncios publicitarios, promoción de imagen e inserciones en la prensa?
Bueno, son preguntas. Y, ¡por el amor de Dios!, que le pongan un bozalito al diputado que recomendó el señor Espino.
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